En medio de una crisis industrial sin precedentes y ante el avance de políticas gubernamentales que amenazan su supervivencia, más de 15 organizaciones pyme han unido sus fuerzas para presentar un contundente rechazo al proyecto de Ley Bases y Principios del gobierno nacional. Este martes, a través de un pronunciamiento conjunto, estas entidades expresarán su oposición a medidas que consideran perjudiciales para los trabajadores y empresas nacionales.
El documento que llevarán al Senado aborda una serie de preocupaciones fundamentales para el sector pyme. Entre ellas se destacan la resistencia a las privatizaciones, el desmantelamiento de organismos públicos, las reformas laborales en favor de grandes empresas y en detrimento de los trabajadores, así como los incentivos a grandes inversiones extranjeras que podrían socavar a las empresas locales.
Este llamado al Senado busca obtener un «rechazo liso y llano» del proyecto de ley, argumentando que carece de disposiciones que protejan los intereses de una industria soberana en desarrollo, generadora de empleo calificado.
El contexto en el que se produce esta acción conjunta es de una profunda crisis industrial, con un derrumbe en la producción que afecta tanto a grandes empresas como a las pymes proveedoras. Los datos oficiales revelan una contracción generalizada en la actividad industrial, con proyecciones que sugieren un desplome cercano al 30% para el año en curso.
El llamado a la resistencia contra la Ley Bases cuenta con el respaldo de diversas organizaciones representativas del sector pyme, incluyendo a Asamblea Pyme (Apyme), Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Industriales Pymes Argentinos (IPA), Fundación Pro Tejer y la Federación Industrial de la provincia de Santa Fe (FISFE), entre otras.
El documento que circulará entre las entidades participantes argumenta en contra de la aprobación de la Ley Bases por diversos motivos, entre ellos la posibilidad de privatizaciones de empresas públicas, la reforma laboral desfavorable a los trabajadores, la extensión de concesiones energéticas a grandes concesionarios y el establecimiento de un régimen de beneficios a grandes inversiones que podría perjudicar a las empresas nacionales existentes.
Para las pymes, este mensaje no es solo un llamado de atención, sino un grito desesperado ante la amenaza que enfrentan como un componente vital del tejido productivo y social del país.
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