Una serie de suspensiones masivas en el programa Potenciar Trabajo ha generado controversia en Argentina, luego de que se revelara que miles de personas fueron excluidas del beneficio de manera irregular. La medida, supuestamente destinada a depurar el sistema de beneficiarios, ha sido denunciada como una operación del Gobierno basada en información falsa.
Según datos obtenidos, al menos siete mil suspensiones fueron dictadas de forma incorrecta en febrero, con errores en el cruce de datos. La justificación del Ministerio de Capital Humano, dirigida a combatir la presencia de «piqueteros vip», se desmorona al descubrir que la mitad de los afectados son personas migrantes que viajaron al exterior por razones personales.
Organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) han presentado un amparo denunciando la irregularidad de las suspensiones. Ejemplos como el de Maritza García, Xoana Valiente y Rosa Pizarro, quienes viajaron legítimamente por motivos familiares o laborales, ilustran la arbitrariedad de las decisiones tomadas.
El caos generado por las suspensiones ha llevado a que las oficinas gubernamentales se vean desbordadas de personas reclamando la revisión de sus casos. Se estima que al menos un tercio de las suspensiones fueron realizadas de forma incorrecta, evidenciando una falta de rigurosidad en el manejo de los datos.
El origen de esta situación se remonta a una denuncia penal presentada en 2022, que condujo a una primera ola de suspensiones. El cruce de datos con la Dirección Nacional de Migraciones, realizado sin un análisis exhaustivo de cada caso, ha llevado a la exclusión injustificada de beneficiarios.
El amparo presentado por UTEP subraya que los viajes al exterior no estaban considerados como motivo de suspensión en el programa. Sin embargo, el Gobierno ha decidido incluir esta causal en el nuevo diseño del programa, vigente desde la semana pasada.
En medio de acusaciones de defraudación a la administración pública, la gestión de Pettovello ha sido criticada por su falta de rigurosidad y su manejo discrecional de las suspensiones. Las organizaciones y los afectados esperan que los tribunales revisen la legalidad de estas medidas, que han afectado a miles de personas dependientes del programa Potenciar Trabajo.
La situación deja al descubierto la fragilidad del sistema de asistencia social y la vulnerabilidad de quienes dependen de él. La lucha por la justicia y la equidad continúa mientras se espera una revisión judicial de estas medidas.
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