Después del fin de semana largo, una tormenta de lluvia recibió a miles de trabajadores frente a ministerios y organismos públicos, donde se encontraron con un megaoperativo policial que respalda los despidos de Milei. Sin siquiera haber sido notificados formalmente, se encontraron con cientos de policías uniformados, de civil, prefectos e incluso agentes de seguridad privada bloqueando los accesos a los edificios.
El Gobierno nacional, de manera coordinada e insensible, ha saturado las dependencias públicas con presencia policial, impidiendo el ingreso de los trabajadores que ahora enfrentan el desempleo. La Casa Rosada ha enviado un mensaje claro: cualquier intento de ocupación será reprimido.
En algunos lugares, como la Jefatura de Gabinete, se ha llegado al extremo de tener personal de seguridad privada hostigando a los manifestantes, cerrando los accesos e intimidando a quienes se congregan en los alrededores.
Incluso en la Secretaría de Derechos Humanos, los accesos están rodeados por personal policial y de seguridad, y se han negado incluso el ingreso a personas con llaves de oficinas y dependencias internas.
La amenaza del Gobierno persiste incluso en medio de días festivos que conmemoran la solidaridad y el patriotismo. Desde la Casa Rosada, se monitorean los movimientos de los trabajadores despedidos que protestan frente a los lugares donde solían trabajar.
Según informes de Noticias Argentina (NA), desde el Gobierno se anticipa una respuesta firme ante cualquier intento de ocupación de oficinas, con la intervención de la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, advirtiendo sobre posibles denuncias penales.
El ministro de Defensa, Luis Petri, ha declarado públicamente que los intentos de tomar edificios públicos serán denunciados penalmente, desafiando a los gremios a hacerse responsables de las consecuencias.
El número de despidos y rescisión de contratos ha alcanzado cifras alarmantes, pasando de 7 mil a 11 mil en apenas seis días, según confirmó ATE. Estos despidos no solo afectan a empleados contratados durante la gestión anterior, sino también a aquellos que llevaban décadas prestando servicios, desmintiendo así la narrativa oficial sobre los objetivos de los despidos.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, ha denunciado la creciente presencia policial en las dependencias públicas y ha responsabilizado al secretario de Trabajo, Julio Cordero, a quien ha señalado como cómplice de un ajuste tercerizado en beneficio de grupos económicos poderosos como el Grupo Techint.
A pesar de las adversidades, los gremios estatales continúan su lucha, planeando asambleas tanto dentro como fuera de los edificios públicos. Sin embargo, la ocupación policial estatal y privada sugiere que estas acciones se llevarán a cabo bajo la inclemencia de la lluvia.
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