Tras semanas de especulación y debate, el Gobierno ha confirmado su decisión de rechazar la definición de la nueva fórmula de actualización jubilatoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En su lugar, se ha anunciado que se buscará establecer dicha fórmula mediante una ley, específicamente a través de la denominada «Ley Bases», que será discutida en el Congreso.
Manuel Adorni, vocero gubernamental, enfatizó que la intención es involucrar a todos los sectores en este importante debate, considerando que el tema no debería ser definido unilateralmente por el Ejecutivo. «Por ahora, la fórmula por DNU no es una alternativa porque creemos que el debate es algo que se debe dar entre todos los sectores», señaló Adorni.
El borrador de la nueva ley propone una fórmula jubilatoria que indexaría por inflación a partir de abril, con una compensación adicional del 10 por ciento por la inflación de enero. Sin embargo, este planteamiento ha generado críticas, especialmente por parte de la oposición, que aboga por una compensación inicial mayor para proteger el poder adquisitivo de los jubilados.
Aunque el debate en la Cámara de Diputados se espera que se dé en las próximas semanas, es probable que la nueva fórmula no sea definida hasta cerca de mayo. Según José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, será después de Semana Santa cuando se reciba el proyecto oficial del Ejecutivo, el cual incluirá el capítulo referido a la nueva fórmula previsional.
Es importante destacar que la fórmula de actualización de las jubilaciones no solo afecta a los jubilados, sino también a otros beneficios como el SUAF, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, lo que la convierte en un factor central en la ecuación presupuestaria de los hogares y del país en su conjunto.
A pesar de las expectativas de que la nueva fórmula proteja mejor el poder adquisitivo de los jubilados, persisten preocupaciones sobre el impacto del ajuste fiscal en este sector. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estima que los haberes jubilatorios podrían terminar el primer trimestre del año con una pérdida de poder adquisitivo del 42 por ciento respecto al mismo período del año anterior.
El fracaso de un proyecto propuesto por la Coalición Cívica en la reciente sesión en Diputados refleja las dificultades y divergencias en torno a este tema. A pesar del apoyo de algunos sectores, la falta de quórum impidió avanzar con la iniciativa, evidenciando la complejidad del proceso legislativo en torno a la reforma jubilatoria.
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