La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ha convocado a la sociedad a movilizarse en defensa del acceso a tratamientos oncológicos y en pro del derecho a la salud pública, denunciando la suspensión de la entrega de medicación vital para pacientes oncológicos sin cobertura de salud y la falta de insumos para comedores populares. La APDH sostiene que estas acciones gubernamentales violan derechos humanos fundamentales.
Desde el 10 de diciembre, la entrega de medicamentos para pacientes oncológicos se ha convertido en una variable de ajuste para alcanzar el tan anhelado superávit fiscal propuesto por el gobierno de Javier Milei. La APDH ha levantado la voz contra esta medida, convocando a movilizaciones para exigir justicia por los derechos vulnerados y solicitando soluciones inmediatas a los funcionarios correspondientes.
La denuncia de la APDH se suma a la preocupación de organizaciones como el área de Proyectos en la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa), quienes repudian el recorte de asistencia esencial por parte del Ministerio de Capital Humano. El gobierno ha justificado la falta de entrega de medicina oncológica vinculándola a una denuncia penal del mismo Ministerio, acusando a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) de irregularidades en la selección de proveedores y compras.
La situación se agrava, ya que mientras se investiga esta presunta irregularidad, miles de personas que necesitan con urgencia la medicación oncológica se ven afectadas. Se ha confirmado el traspaso oficial de la Dadse del Ministerio de Capital Humano al de Salud, y se ampliará la denuncia por posibles sobreprecios y la compra directa de medicamentos desde 2016.
La Secretaría de Salud de la APDH ha llamado a todas sus regionales a investigar la situación local respecto a la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos y al suministro de alimentos en comedores barriales, destacando la gravedad de la situación.
Desde Alapa, se confirma que desde el 10 de diciembre se han interrumpido las compras y envíos de medicinas oncológicas, afectando directamente a los pacientes. La directora general, Florencia Braga Menéndez, califica esta decisión como «totalmente perversa», destacando la falta de consideración hacia los pacientes y la confusión generada por el gobierno.
La APDH, junto con diputados de Unión por la Patria, denuncia la falta de respuesta por parte de la Dadse y el Programa federal Incluir Salud, obligando a los pacientes a interrumpir sus tratamientos. Se subraya la crueldad e insensibilidad del gobierno en su política de liquidación del Estado, afectando a los más vulnerables.
En este contexto, la APDH sostiene que la decisión de suspender suministros para comedores y la entrega de medicamentos oncológicos vulnera el acceso a la salud y la posibilidad de tener un plato de comida. Además, se critica la gestión del gobierno de Milei por su modo de actuar contrario al bien público y por poner en riesgo la vida de las personas.
La directora de Alapa, Florencia Braga Menéndez, expresa su preocupación por la falta de transparencia en las acciones del gobierno y destaca que la salud pública no puede ser sacrificada en nombre de auditorías. Se hace un llamado a la sensibilidad y humanidad para no poner en riesgo la vida de quienes dependen de estos tratamientos esenciales. La APDH advierte sobre la gravedad de la situación y la necesidad de una pronta solución para evitar consecuencias irreparables en la salud de la población afectada.
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