En un escenario económico desafiante, las transferencias de recursos de la Nación a las provincias han alcanzado un mínimo histórico en el presente año, representando apenas el 28 por ciento del total de recursos tributarios, según alerta un informe de la consultora LCG. Esta situación, equivalente a la cifra registrada hace 15 años, plantea un panorama preocupante para numerosas jurisdicciones que dependen en gran medida de estos fondos, representando, en promedio, el 60 por ciento de sus ingresos.
El estudio de LCG señala que la caída en las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias en enero de 2024 es especialmente significativa, agravando la situación financiera de muchas jurisdicciones. La dependencia de estos recursos se acentúa en provincias como Formosa, La Rioja, Corrientes, Santiago del Estero y Jujuy, donde los fondos nacionales constituyen casi el 90 por ciento de los ingresos totales.
La discusión sobre el reparto de los recursos fiscales este año ocurre en un contexto inusual, marcado no solo por la disminución en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, el principal impuesto coparticipado a las provincias, sino también por la intención del Gobierno de alcanzar el déficit cero, lo que demanda un ajuste del 4,9 por ciento del PBI, según estimaciones privadas.
El informe destaca que, a pesar de representar solo el 1 por ciento del PBI en 2023, las transferencias discrecionales a provincias tienen un impacto limitado en el ajuste fiscal nacional. La recaudación en 2024 estará impulsada principalmente por impuestos no coparticipados, mientras que la prórroga del Presupuesto 2023 otorgará cierta discrecionalidad a la Nación para licuar las partidas en términos reales.
En lo que va del año, las transferencias a provincias han experimentado una drástica reducción del 97 por ciento en términos reales, según datos de LCG. Este ajuste ha generado preocupación, especialmente al considerar que el 92 por ciento del total devengado corresponde al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Aunque el presidente ha amenazado con interrumpir el FONID, muchas transferencias presupuestarias cuentan con respaldo legal.
LCG identifica cinco áreas críticas que absorben la mitad de las transferencias: el FONID y complementos salariales para docentes provinciales, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de Buenos Aires, la distribución discrecional de Aportes del Tesoro Nacional, los giros a las cajas previsionales provinciales, y las transferencias para la construcción de obras viales.
En el contexto de la reforma fiscal del año pasado, las provincias verán reducida su participación en la recaudación nacional, estimando que apenas se quedarán con el 28 por ciento del total recaudado, un nivel similar al registrado hace 15 años.
La situación plantea retos significativos para las provincias, especialmente aquellas más vulnerables, mientras buscan mantener el equilibrio fiscal en medio de una disminución en las transferencias y la necesidad de ajustes económicos a nivel nacional.
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