La nueva ley esconde un ajuste encubierto que afectará los ingresos de los jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales, generando preocupaciones sobre la pérdida de poder adquisitivo y el impacto en las cuentas públicas.
En medio de las discusiones sobre la Ley Ómnibus, se revela un ajuste encubierto que afectará significativamente los ingresos de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. La modificación propuesta, que ingresó al Congreso este lunes, posterga la actualización mensual de los haberes jubilatorios hasta abril, con un rezago de dos meses en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Hasta marzo, los haberes seguirán actualizándose según la fórmula actual, que apenas contempla un aumento del 35% ante una inflación trimestral del 76%. A partir de abril, la nueva fórmula propondrá ajustes mensuales atados al IPC, pero con un rezago de dos meses en la aplicación administrativa. Esto implica que los aumentos mensuales reflejarán datos de inflación con 60 días de antigüedad, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.
El equipo de Javier Milei cedió ante la presión de la oposición para lograr la aprobación de la Ley Ómnibus, comprometiéndose a modificar la fórmula jubilatoria. Sin embargo, la propuesta no satisface completamente las demandas, ya que la indexación mensual de los haberes no operaría retroactivamente desde enero, como pretendía la oposición «dialoguista».
Además, la ley mantiene la declaración de emergencia en materia previsional, otorgando facultades al Poder Ejecutivo Nacional para intervenir en la movilidad jubilatoria y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según el especialista en Seguridad Social, Facundo Fernández Pastor, esta emergencia implica la delegación de facultades legislativas al gobierno.
El proyecto, presentado como parte de las «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», asegura que se garantizará el poder adquisitivo de los jubilados. Sin embargo, analistas advierten que el ajuste trimestral de marzo, combinado con la nueva fórmula a partir de abril, llevará a una pérdida significativa del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios.
En términos prácticos, el cambio de fórmula se traduce en un ajuste encubierto que reconocerá 11 de los 12 meses de inflación de 2024, generando una disminución del poder adquisitivo de los jubilados. La falta de retroactividad desde enero y el rezago en la aplicación administrativa complican aún más la situación.
Analizando el impacto en las cuentas públicas, se estima que el gasto en jubilaciones y pensiones podría caer significativamente, afectando el haber promedio del 2024 en un 30% en comparación con el promedio de 2023. Este ajuste superaría las proyecciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien planeaba reducir el gasto en jubilaciones y pensiones en 0,4% del PIB para alcanzar el superávit fiscal primario.
Además, el proyecto incorpora la eliminación de la jubilación de privilegio para Presidente y Vicepresidente, un gesto político alineado con el discurso de Milei. La modificación propone también elevar la edad de ingreso al sistema jubilatorio para los funcionarios que quedaron comprendidos por la normativa.
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