En un movimiento estratégico, el Gobierno Nacional de Javier Milei anunció cambios en la Ley Ómnibus con la intención de ganarse el favor de la oposición moderada. La medida más destacada es la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes, una demanda que ha sido respaldada por sectores opositores como el PRO, UCR y Hacemos Consenso Federal.
El argumento presentado por el Gobierno es que esta modificación «pondrá fin a un privilegio de la casta política». Sin embargo, entre las excepciones a esta medida se encuentran las asignaciones mensuales vitalicias que perciben los jueces de la Corte Suprema, un detalle que no ha pasado desapercibido y ha generado críticas.
Los cambios propuestos quedan detallados en la nueva versión de la Ley Ómnibus, que el Gobierno ha presentado como el «texto final». En el artículo 73, se establece la «eliminación de las asignaciones mensuales vitalicias destinadas a presidente y vicepresidente de la Nación», reemplazándolas por las disposiciones de la Ley 24.241, que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
La reforma en el régimen jubilatorio para presidentes y vicepresidentes ha sido una bandera enarbolada por el sector opositor, especialmente por figuras destacadas del PRO y la Unión Cívica Radical. Argumentan que busca combatir la corrupción, utilizando como ejemplos los montos asignados a Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Sin embargo, la redacción actual de la propuesta gubernamental sugiere que podría tratarse de un gesto simbólico, ya que las modificaciones solo aplicarían a quienes concluyan sus mandatos después de la aprobación de la ley.
Un punto de gran relevancia en esta modificación se encuentra en el artículo 75, que establece que «los jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias a partir del cese en sus funciones». Esto implica que las jubilaciones de los jueces de la Corte Suprema seguirían siendo consideradas de privilegio, sin alteraciones en los beneficios que gozarán al dejar sus cargos vitalicios en el máximo tribunal.
La decisión del Gobierno de excluir a los jueces de la Corte Suprema de la reforma jubilatoria podría estar vinculada a la creencia en la Rosada de que la Corte será clave para definir la suerte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que elimina derechos laborales y busca desregular la economía. Este decreto, en vigor desde fin de año, ha sido suspendido preventivamente en su capítulo laboral por la Justicia de Trabajo.
Se espera que la Corte Suprema resuelva, luego de la feria judicial, el pedido de la provincia de La Rioja para declarar inconstitucional el DNU. La decisión de los jueces será seguida con atención, ya que se especula que podría tener un impacto significativo en la aplicación de las políticas centrales del Gobierno de Milei. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre si el refrán «favor con favor se paga» se cumplirá en el ámbito judicial.
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