En un enfrentamiento sin precedentes, el gremio estatal liderado por Daniel Catalano arremetió contra el reciente ajuste impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, desatando una tormenta social que amenaza con paralizar el país. Detalles reveladores de la cumbre entre ATE y el ministro del Interior, Guillermo Francos, ponen de manifiesto la profunda preocupación por el futuro laboral de miles de trabajadores.
En declaraciones explosivas a la AM750, Catalano afirmó: «Nuestro rol es defender el trabajo estatal, no pensamos ceder en eso. El ajuste no lo pueden pagar los trabajadores». La reunión con Francos se centró en la solicitud de una mesa de trabajo ante el cese de contratos en el sector público y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Catalano destacó la preocupación por la reducción de la planta 2023 y la necesidad de revisar los casos de trabajadores contratados por cupos específicos, como discapacidad y travesti-trans. Adelantó que el gremio tomará «las medidas que correspondan» frente a las decisiones del gobierno de Javier Milei.
Ante las medidas anunciadas por Caputo, Catalano advirtió: «No se puede resolver la pobreza generando más pobreza». El líder sindical insistió en que el ajuste no puede recaer en los trabajadores y cuestionó el enfoque del gobierno.
La ATE nacional, a través de su secretario general, Rodolfo Aguiar, se sumó a las críticas, calificando las acciones del gobierno como «extorsivas». Aguiar lamentó que las medidas presentadas como solución lleven a los argentinos al «peor de los infiernos» y denunció un asalto a los trabajadores y jubilados.
Con un tono enérgico, Aguiar afirmó: «No vamos a aceptar un congelamiento salarial» y señaló que el ajuste impactará fuertemente en las provincias. La casta política, según Aguiar, permanece «intacta», y finalizó expresando que el ajuste pretendía hacerlo recaer sobre el pueblo.
En este clima de tensión y descontento, el país enfrenta un escenario incierto mientras los trabajadores estatales se preparan para defender sus derechos ante lo que consideran una embestida contra sus condiciones laborales y el bienestar de sus familias.
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