En medio de la vorágine desatada por el feroz programa de ajuste fiscal anunciado, el Gobierno se enfrenta ahora a un complicado escenario de tensiones con los gobernadores por la parálisis de la obra pública y el recorte de transferencias. Con el objetivo de descomprimir la situación, el ministro del Interior, Guillermo Francos, organiza una serie de encuentros con mandatarios locales, siendo el cordobés Martín Llaryora el primero en la lista.
La modificación del Impuesto a las Ganancias emerge como una ficha clave en el tablero político para bajar la tensión, según lo plantea la Casa Rosada. Sin embargo, las decisiones tomadas por el presidente Javier Milei, como otorgar el control de los Aportes del Tesoro Nacional a Economía, generan preocupación y plantean un nuevo escenario de negociaciones políticas.
En este contexto, el Gobierno buscará revertir la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, un paso necesario para apaciguar a los gobernadores y sufragar los recortes a nivel provincial. No obstante, este cambio de rumbo plantea un nuevo conflicto con los sindicatos, quienes históricamente cuestionaron la consideración del salario como ganancia.
Además, el pedido de los mandatarios provinciales de coparticipar el 50 por ciento del Impuesto al cheque se presenta como otra variable en la ecuación. Este reclamo, respaldado por figuras políticas de diversos sectores, añade complejidad a las negociaciones y pone a prueba la capacidad de diálogo del Gobierno.
La parálisis de la obra pública, anunciada por el ministro de Economía Luis Caputo, agrega un foco adicional de conflicto. Gobernadores de distintos signos partidarios expresan su preocupación por el impacto negativo que esto tendrá en el desarrollo de infraestructuras esenciales para sus provincias. La falta de precisiones en los anuncios genera inquietud, y algunos mandatarios como Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego expresan su firme vocación de no detener las obras en curso.
En medio de este panorama crítico, las conversaciones entre el ministro del Interior y los gobernadores se perfilan como un escenario crucial para encontrar posibles soluciones y evitar una escalada del conflicto. La incertidumbre respecto a la gobernabilidad y el futuro de las provincias se mantiene latente, mientras el Gobierno busca conciliar sus medidas de ajuste con las demandas y necesidades de los distintos distritos.
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