En un plenario realizado este lunes en la puerta del sindicato ATE Capital, los trabajadores estatales anunciaron un plan de lucha en respuesta a las medidas anunciadas por el próximo gobierno de Javier Milei. Frente a la eliminación de ministerios, privatización de empresas públicas y de medios, los sindicatos del Estado nacional se unen para enfrentar lo que consideran una amenaza a sus empleos y derechos laborales.
Daniel Catalano, titular de ATE Capital, expresó la preocupación de los trabajadores ante la posible pérdida de empleo, destacando que más de 60 mil trabajadores estatales están en riesgo, especialmente aquellos con los contratos más precarios. Catalano señaló la necesidad de construir masividad para respaldar a los cuerpos de delegados que enfrentan incertidumbre y angustia.
La situación de los precarizados en el Estado es crítica, abarcando a quienes tienen hasta diez años de antigüedad en sus puestos de trabajo. Diversas formas de precarización laboral, como monotributistas, becarios y contratados por locación de servicios, se encuentran bajo amenaza de ser eliminadas. Además, un segundo grupo con contratos vencidos el 31 de diciembre enfrenta la incertidumbre de su futuro laboral.
Ante este panorama, ATE Capital y ATE Nacional, históricamente enfrentados, decidieron unir fuerzas para dar la pelea. Asambleas se llevan a cabo en ministerios, secretarías, empresas estatales, el Conicet y medios públicos. La unidad de acción también incluye a agrupaciones de izquierda, reflejando una convergencia gremial ante la gravedad de la situación.
El plenario votó a favor de la unidad de acción y acordó realizar una conferencia de prensa en la sede de ATE Nacional el próximo jueves, en el barrio de Congreso. A pesar de propuestas de marchar al Congreso antes de la asunción de Milei, se optó por no adelantarse y buscar la mayor masividad en cada acción planificada.
La sede del plenario, en la cuadra de Carlos Calvo al 1300, se convirtió en el espacio donde ATE Capital montó un escenario y permitió que delegados y activistas expresaran sus preocupaciones. Algunos, como los de Vialidad Nacional, relataron las consecuencias del anuncio de Milei sobre la interrupción del financiamiento estatal para obras públicas, que ya generó despidos en algunas provincias.
Simultáneamente, Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, confirmó que los trabajadores del Senasa realizarán un paro de 72 horas contra los despidos. Esta medida afectará las exportaciones de granos y animales vivos, ya que se suspenderán los controles en puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y aduanas. La medida busca abrir un diálogo con el próximo gobierno sobre el futuro de los puestos de trabajo en el Senasa.
En medio de la incertidumbre laboral, Aguiar destacó que la paz social debe ser garantizada por las políticas gubernamentales, no por los trabajadores. Expresó su preocupación por la aparente indiferencia de los nuevos gobernantes hacia la operatividad de los organismos, poniendo en riesgo la funcionalidad de las instituciones públicas.
La situación, marcada por la unión gremial y la resistencia ante las medidas anunciadas, plantea un escenario de conflicto que podría intensificarse en los próximos días, afectando sectores clave de la economía y generando tensiones en el inicio del nuevo gobierno.
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