En un dramático episodio ocurrido ayer viernes 17, la Casa Pringles, un refugio para mujeres y niños víctimas de violencia de género en el barrio de Almagro, fue objeto de un violento operativo policial por parte del Gobierno de Larreta. El desalojo, cargado de tensión y controversia, desató enfrentamientos entre el personal de la Policía de la Ciudad, legisladores y manifestantes presentes en el lugar.
Desde tempranas horas de la mañana, la Casa Pringles fue escenario de una caótica situación cuando la policía irrumpió en el lugar, haciendo caso omiso de la resistencia de las mujeres y procediendo con el desalojo de manera abrupta. «Vinieron antes de las 7 con una orden de allanamiento para desalojar», declaró una de las afectadas, visiblemente consternada por los hechos.
El operativo policial estuvo marcado por forcejeos y empujones, ya que el personal a cargo, encabezado por el comisario César Marizza, ordenó el retiro de los manifestantes que se encontraban del otro lado de una valla, permitiendo así el desalojo de los objetos y pertenencias de las mujeres afectadas. Al menos cuatro personas resultaron demoradas en medio de los disturbios.
Entre los presentes se encontraban legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Ofelia Fernández, María Bielli y Berenice Iañez, del Frente de Todos, quienes junto al Auditor de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz, mostraron su solidaridad con las víctimas de violencia de género y se enfrentaron a los intentos de desplazamiento por parte de las fuerzas policiales.
El desalojo de la Casa Pringles ATR (Autónoma, Territorial y Reparadora), ubicada en Pringles 343, se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 19, a cargo de Lorena San Marco. La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
No obstante, la legalidad del desalojo está siendo cuestionada, ya que se han denunciado irregularidades en el procedimiento. Eva, una de las mujeres residentes en la Casa Pringles, afirmó que la policía ingresó violentamente antes de las 7 de la mañana, y se está verificando la legalidad de la acción tomada. Además, se han planteado dudas sobre la notificación correspondiente en el expediente, según declaraciones de la abogada Paula Villani, representante legal de las mujeres desalojadas.
Actualmente, la Casa Pringles permanece vallada y bajo la vigilancia de unos 70 efectivos policiales, a pesar de que aún hay mujeres y niños en su interior. Se espera la llegada de organizaciones sociales y la intervención de la Defensoría para brindar apoyo a las víctimas de violencia de género que han sido desalojadas.
Este violento operativo policial ha causado conmoción e indignación en la comunidad, generando un llamado de atención sobre la necesidad de respuestas y una exhaustiva revisión de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno porteño en este delicado caso de violencia de género.
