Docentes, trabajadores estatales y miembros de organizaciones sociales marcharon masivamente en la capital jujeña para exigir una recomposición salarial y rechazar las medidas impuestas por el gobernador Gerardo Morales. Las centrales sindicales nacionales condenaron el decreto represivo dictado por el mandatario.
El pasado lunes, miles de docentes, trabajadores estatales y militantes de organizaciones sociales se congregaron en San Salvador de Jujuy, manifestándose en contra de la reforma constitucional y demandando la derogación de un decreto emitido por el gobernador radical Gerardo Morales, el cual «avanza en la criminalización de la protesta». Dicho decreto autoriza la represión policial, otorga intervención directa a la Justicia penal y establece multas para aquellos que bloqueen calles u ocupen espacios públicos en busca de mayores derechos. Esta medida ha generado un amplio rechazo y repudio por parte de numerosas organizaciones sociales y políticas.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó que el decreto de Morales «representa pensamientos vinculados con momentos históricos nefastos de la historia de nuestro país». Por su parte, la CTA de los Trabajadores lo definió como «un globo de ensayo del ajuste con represión». Además, la CTA Autónoma presentó una denuncia contra Morales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación de convenios internacionales. Agrupaciones de izquierda, como el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), se manifestaron frente a la Casa de Jujuy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en contra del «estado de sitio» impuesto por el gobernador radical en la provincia.
El decreto 8464 de Morales se dio a conocer en medio de las demandas salariales y las expresiones de rechazo a la reforma constitucional que él mismo impulsa. Este decreto establece sanciones para quienes alteren el orden en espacios públicos, obstaculicen la libre circulación vehicular y/o peatonal, causen temor en la población o limiten ilegítimamente el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, llegando incluso a multas de hasta mil unidades.
Los docentes han iniciado un paro por tiempo indeterminado para exigir salarios que superen el valor de la canasta básica, la cual ha sido fijada en más de 200 mil pesos. Otros gremios provinciales, como ATE, trabajadores de la salud, obreros municipales y viales, así como organizaciones sociales, se han sumado a las movilizaciones en la capital jujeña. Según los organizadores, la marcha del pasado lunes, que recorrió San Salvador y culminó en Plaza Belgrano frente a la gobernación, convocó a unas «15 mil personas, un número muy significativo para Jujuy».
Silvia Vélez, secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), declaró: «Nos manifestamos en la calle por salarios dignos, pero también en contra de esta reforma constitucional que entendemos que lesiona los derechos de salir a protestar, y sobre todo, por el decreto que determina sanciones graves como contravención». Vélez destacó que el paro docente cuenta con un acatamiento del 85 al 95 por ciento. El sindicato Adep también repudió el decreto de Morales, el cual «avanza con la restricción de los derechos que constitucionalmente les corresponden a los trabajadores», y presentó una medida cautelar en el Poder Judicial. Un congreso provincial del gremio rechazó la última propuesta salarial de Morales y ratificó la continuidad del plan de lucha, a pesar de la amenaza de descuento de los días de paro.
La decisión de Morales de reprimir y criminalizar las protestas sociales ha generado el repudio de todas las centrales sindicales del país. La CGT advirtió que iniciativas como estas «representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país, que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras, que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad». Por su parte, la CTA de los Trabajadores afirmó que el gobernador Morales busca consolidar «una especie de estado de sitio permanente con la suspensión del derecho a la protesta a través de un decreto que prohíbe manifestarse a los sectores populares con penas propias de gobiernos dictatoriales».
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