La carrera por el poder es un camino sinuoso y lleno de obstáculos para las mujeres. En pocos temas se hace tan evidente esta lucha como cuando se trata de la representación política.
Para remover obstáculos que impiden el desarrollo y goce pleno de los derechos políticos de las mujeres promueven acciones afirmativas. El objetivo de estas estrategias es contribuir a fortalecer la legitimidad democrática del Estado: contar con más mujeres es un modo de aportar a un debate político más robusto, fundado en distintos puntos de vista, de trayectorias personales y profesionales. La diversidad existente en una sociedad debiera verse reflejada en su clase política. Tanto las leyes de cupo como las leyes de paridad de género contribuyen, en gran medida, a mejorar la diversidad de voces en los órganos de representación.
En las pasadas elecciones de 2019 se aplicó la regla de la paridad por primera vez con un alto grado de cumplimiento por parte de las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, en el margen de discrecionalidad que corresponde a los partidos políticos y alianzas en la conformación de las listas, las mujeres continúan ocupando un lugar rezagado. El 99% de las listas aprobadas por la Justicia Electoral cumplieron con la paridad (excepto 5 listas que vulneraban la alternancia de géneros) pero sólo 2 de cada 10 listas fueron lideradas por mujeres.
Después de los comicios de 2019 varios diputados y diputadas renunciaron a sus bancas para asumir otros cargos o funciones de gobierno. Entendemos que estos reemplazos se resuelven según las normas vigentes al momento de su elección: hay una diferencia entre quienes accedieron a su banca en 2017 bajo la vigencia de la ley de cupo y quienes lo han hecho en 2019, ya con la ley de paridad.
Tanto la ley de cupo como la ley de paridad persiguen la misma finalidad, que es garantizar el ejercicio de los derechos a los grupos desaventajados. En este caso, de las mujeres, que no son una minoría electoral sino de una minoría cultural y social que ha sido históricamente desplazada de la arena política.
En una primera lectura rápida la ley de paridad pareciera beneficiar sólo a las mujeres, pero su objetivo final es el beneficio general de la sociedad porque pretende alcanzar la igualdad como meta y en una democracia eso implica mayor justicia. Se valora la ampliación de sectores históricamente postergados, y promueve una representación política más diversa al incluir en la agenda parlamentaria una mayor pluralidad temática con cuestiones antes omitidas.
Para la resolución de dos de casos de reemplazos pendientes que fueron apelados, la Cámara Electoral tiene la oportunidad de avanzar en la inclusión de la perspectiva de género en sus sentencias haciendo visibles las asimetrías existentes entre varones y mujeres producto de una desigualdad estructural, es decir, aquella que no puede modificarse aun con la mejor voluntad para hacerlo; identificando los impactos diferenciales de las normas según los roles estereotipados asignados históricamente a las mujeres; y analizando los contextos en los que adquieren sentido los derechos fundamentales.
Para poder tener sociedades e instituciones más inclusivas no sólo se debe asumir el compromiso de promover la igualdad de género sino también la responsabilidad de forjar las garantías que permitan su concreción. Y esta es una tarea que hoy le corresponde a la Justicia.