En el medio de denuncias de desfinanciamiento se apartaron el director ejecutivo y sus dos principales acompañantes. Según la ATE, ante el incumplimiento con los proveedores, “se están suspendiendo cirugías, la entrega de medicación oncológica, los tratamientos de diálisis y radioterapia, entre muchas otras prestaciones”, por lo que exigen una “respuesta inmediata” al gobierno nacional y provincial.

El jueves, el director ejecutivo de la Unidad de Gestión Provincial de Incluir Salud Buenos Aires, Nicolás Ginóbili, y sus laderas, la responsable administrativa, Mariana Sánchez, y la encargada de Prestaciones Médicas, Rosario Diulio, renunciaron a sus cargos en el medio de constantes reclamos por el desfinanciamiento del programa, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, un órgano que responde a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.
Según manifestaron, el último giro presupuestario se produjo el pasado 27 de septiembre. “Ante esto, la falta de pago a los prestadores hace que no solo no coticen, sino que no entreguen los pedidos ya cotizados, suspendiendo cirugías, la entrega de medicación oncológica, los tratamientos de diálisis, radioterapia, entre muchas otras”, denunciaron, y remarcaron que esta situación “incrementa las demandas judiciales y deja una situación de incertidumbre”.
Por su parte, Eliana Aguirre, secretaria progremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmó que “en estos momentos se está desarrollando una asamblea de trabajadores”. “En principio, se van a declarar en estado de asamblea permanente y retención de tareas hasta tanto no haya alguna respuesta por parte de la gestión y de las autoridades de IOMA, teniendo en cuenta que quedaron sin ningún tipo de responsable político que se encargue del programa”, reveló.
Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, creado como reemplazo del ProFe, y, según el Gobierno nacional, “permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas”.
Según su carta de conformación, este programa “transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad”. Las provincias son el órgano ejecutor de la política.