Ante las dificultades para alcanzar los votos necesarios en el Congreso, el Gobierno analiza modificar uno de los puntos más controvertidos del proyecto. En lugar de eliminar el límite vigente a la propiedad extranjera de tierras rurales, la propuesta pasaría por elevar el tope permitido del 15% al 25%.
La reforma de la Ley de Tierras Rurales volvió a convertirse en uno de los temas centrales de la agenda legislativa. Luego de advertir que no cuenta con el respaldo suficiente para aprobar el texto original, el oficialismo comenzó a negociar modificaciones con bloques dialoguistas con el objetivo de destrabar el debate y acercarse a la mayoría necesaria en el Congreso.
El principal cambio en discusión alcanza al artículo que mayor resistencia generó entre distintos sectores políticos y provinciales. La versión inicial del proyecto planteaba eliminar el límite nacional que actualmente restringe la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos de personas o empresas extranjeras. Sin embargo, esa iniciativa encontró fuertes objeciones durante las negociaciones parlamentarias.
Frente a ese escenario, la nueva alternativa que evalúa el oficialismo consiste en mantener un límite legal, aunque con una flexibilización importante. En lugar del 15% establecido por la legislación vigente, el porcentaje máximo de tierras rurales que podrían estar bajo dominio extranjero se elevaría al 25%, una modificación que busca convertirse en un punto intermedio para sumar apoyos sin resignar por completo el espíritu de la reforma.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establece actualmente que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de la superficie rural total del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, fija restricciones adicionales vinculadas a la concentración por nacionalidad y a la adquisición de determinadas superficies consideradas estratégicas.
Desde el Gobierno sostienen que una mayor apertura podría incentivar inversiones en el sector agropecuario, forestal y productivo, favoreciendo el ingreso de capitales y el desarrollo de nuevos proyectos. Esa postura forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir regulaciones que, según la visión oficial, limitan la llegada de inversiones privadas.
En cambio, distintos sectores de la oposición y organizaciones vinculadas a la defensa de los recursos naturales advierten que una flexibilización excesiva podría facilitar la concentración de tierras y comprometer el control sobre zonas con recursos estratégicos, como reservas de agua, áreas productivas y regiones cercanas a las fronteras. También señalan que cualquier modificación debería contemplar mecanismos de control y transparencia para evitar una mayor extranjerización del territorio.
Las conversaciones entre el oficialismo y los bloques aliados continúan abiertas y el texto definitivo aún podría sufrir nuevas modificaciones antes de llegar al recinto. El objetivo del Gobierno es construir un consenso suficiente que permita avanzar con una de las iniciativas que considera prioritarias dentro de su agenda de reformas económicas y regulatorias.
Mientras tanto, la discusión promete mantenerse entre los temas más sensibles del debate parlamentario, ya que enfrenta dos visiones contrapuestas: quienes consideran que una mayor apertura favorecerá las inversiones y quienes sostienen que la tierra constituye un recurso estratégico cuya regulación debe preservar la soberanía nacional.
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