Las autoridades nacionales endurecieron su mensaje frente a la protesta impulsada por CTERA y aseguraron que habrá controles en escuelas para verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio.
El paro nacional docente convocado para este lunes abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los sindicatos de la educación. Desde la Secretaría de Trabajo aseguraron que, de comprobarse incumplimientos en la prestación mínima del servicio, podrían activarse mecanismos sancionatorios previstos por la legislación vigente.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, responsabilizó a las organizaciones gremiales por la medida de fuerza y manifestó que la solución debe surgir del diálogo entre los gobiernos provinciales y los representantes docentes. Asimismo, señaló que la prioridad es asegurar el normal funcionamiento de las escuelas.
Como parte de la estrategia oficial, inspectores realizarán relevamientos en establecimientos educativos de distintas provincias para constatar el nivel de asistencia del personal docente, directivo y auxiliar. La administración nacional sostiene que debe mantenerse al menos un 75% de cobertura para garantizar la continuidad de las clases.
En caso de verificarse incumplimientos, el Gobierno informó que se pondrá en marcha un procedimiento administrativo para determinar las sanciones correspondientes. Entre las alternativas que se analizan figura la posibilidad de avanzar sobre la personería gremial de CTERA, una medida que profundizaría el conflicto entre ambas partes.
Desde la conducción sindical, en tanto, sostienen que el paro responde a la falta de respuestas frente a los reclamos salariales, el deterioro del poder adquisitivo y la ausencia de convocatoria a la paritaria nacional docente, ámbito que consideran fundamental para discutir las condiciones laborales del sector.
La jornada de protesta se desarrolla con diferentes niveles de adhesión según cada provincia, mientras el Gobierno insiste en que la prioridad debe ser garantizar el acceso de los estudiantes a la educación y mantener abiertos los canales de negociación para evitar una mayor profundización del conflicto.
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