La movilización se realizará el 12 de mayo frente a la Casa Rosada. Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y buscan ampliar la convocatoria a toda la sociedad.
La comunidad universitaria argentina volverá a movilizarse en las calles con una nueva Marcha Federal prevista para el próximo 12 de mayo, en una convocatoria que tendrá como epicentro la Casa Rosada y que apunta a visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa, que marcará la cuarta protesta de este tipo desde la asunción del gobierno de Javier Milei, busca además sumar a distintos sectores sociales afectados por el contexto económico.
La decisión fue impulsada de manera conjunta por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, que agrupa a docentes y trabajadores del sistema. Desde estos espacios remarcaron la necesidad de ampliar la convocatoria más allá del ámbito académico e invitaron a participar a organizaciones sociales, sindicales y ciudadanos en general.
Daniel Ricci, referente de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), subrayó que la protesta no se limita únicamente al sector educativo, sino que busca articular con otros actores sociales. En ese sentido, planteó que la defensa de la universidad pública debe entenderse como una causa colectiva, en un escenario donde distintos grupos advierten un deterioro en sus condiciones de vida y en el acceso a derechos.
El eje central de la movilización será la exigencia al Gobierno nacional para que garantice la aplicación efectiva de la ley sancionada el año pasado, la cual establece mecanismos de actualización presupuestaria, salarios docentes y programas de becas. Según denuncian desde el ámbito universitario, el incumplimiento de esta normativa impacta de forma directa en el funcionamiento de las casas de estudio y en la calidad educativa.
Por su parte, el Ejecutivo nacional mantiene su postura de rechazo a la implementación de la ley en los términos establecidos. Desde el Gobierno argumentan que la norma no contempla con claridad las fuentes de financiamiento y advierten que su cumplimiento implicaría un fuerte desbalance en las cuentas públicas.
En esa línea, la administración central presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de frenar la aplicación de fallos judiciales que ordenaban actualizar partidas presupuestarias y salarios del sector. De acuerdo con informes oficiales del Ministerio de Economía, destinar los recursos necesarios para cumplir con la ley demandaría una reasignación de gran parte del gasto primario del Estado, lo que —según sostienen— afectaría el funcionamiento de áreas clave.
Dentro de ese planteo, el Gobierno alertó sobre posibles consecuencias en servicios esenciales si se avanzara con la medida, mencionando desde limitaciones en operativos de seguridad hasta dificultades en el sostenimiento del sistema judicial y penitenciario.
En paralelo, también se presentó un pedido para que los jueces de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— se aparten del tratamiento del caso, bajo el argumento de que mantienen vínculos con el ámbito universitario.
Mientras el conflicto escala en el plano judicial y político, la convocatoria del 12 de mayo se perfila como una nueva instancia de presión en la calle. Los organizadores anticipan una movilización masiva y sostienen que el reclamo por la educación pública se ha convertido en un punto de convergencia para diversos sectores que cuestionan el rumbo de las políticas actuales.
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