Con el Presidente de viaje en Israel, el jefe de Gabinete quedará a cargo del Ejecutivo. Avanzan causas judiciales por presuntas irregularidades y aumentan las críticas dentro y fuera del oficialismo.
La escena política atraviesa días de fuerte tensión en la Argentina. En medio de cuestionamientos judiciales y un marcado deterioro en la imagen pública del oficialismo, el Gobierno decidió sostener sin matices a Manuel Adorni, quien en los próximos días asumirá un rol central al quedar al frente del Poder Ejecutivo durante la gira internacional de Javier Milei en Israel.
Lejos de retroceder ante las denuncias, la Casa Rosada optó por respaldar al jefe de Gabinete, incluso cuando los expedientes judiciales avanzan y las críticas comienzan a multiplicarse dentro del propio espacio libertario. En ese contexto, Adorni busca recuperar protagonismo público tras semanas de bajo perfil, combinando actividad institucional con una estrategia comunicacional más confrontativa en redes sociales.
Luego de varios días sin declaraciones, el funcionario volvió a expresarse públicamente con mensajes irónicos en plataformas digitales, en un intento por minimizar el impacto de las acusaciones en su contra. Este giro marca un cambio en su postura, que pasó del silencio a una actitud más activa frente a la polémica.
Además, encabezó recientemente una reunión de la mesa política del oficialismo, donde se analizaron proyectos legislativos a impulsar en el corto plazo, entre ellos posibles modificaciones en materia de salud mental. La actividad buscó transmitir una imagen de normalidad en la gestión, aunque ocurre en un contexto de bajo movimiento parlamentario: la Cámara de Diputados apenas sesionó una vez en lo que va del año.
Con la ausencia de Milei y el corrimiento de Victoria Villarruel de la dinámica cotidiana del Ejecutivo, Adorni quedará momentáneamente como la principal figura del Gobierno en el país.
Diversos análisis coinciden en señalar un deterioro significativo en la percepción pública del funcionario. Estudios recientes ubican su imagen negativa por encima del 60%, en un escenario donde el Gobierno también muestra dificultades para sostener la agenda política.
La falta de voceros claros y las respuestas evasivas ante la prensa profundizan la incertidumbre. Incluso figuras del gabinete, como Patricia Bullrich, evitaron pronunciarse sobre el tema, remitiendo las explicaciones al ámbito judicial.
En paralelo, comenzaron a surgir cuestionamientos desde el propio oficialismo. Dirigentes y referentes cercanos al Presidente expresaron críticas hacia la gestión comunicacional de Adorni y su impacto negativo en la imagen del Gobierno. A esto se suma una creciente distancia de aliados parlamentarios, que reclaman respuestas más rápidas y contundentes frente a las denuncias.
El frente más delicado para el jefe de Gabinete se desarrolla en los tribunales. El juez Ariel Lijo ordenó nuevas medidas de prueba para determinar si existieron contrataciones entre organismos estatales y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa del funcionario.
La investigación, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, se centra en presuntos vínculos entre dependencias públicas y una consultora privada relacionada con Angeletti. Entre los expedientes bajo análisis figuran contrataciones vinculadas a servicios de comunicación y concesiones en predios estatales como Tecnópolis.
Estas actuaciones se suman a otras líneas de investigación que incluyen la evolución patrimonial del funcionario, viajes al exterior y operaciones inmobiliarias. Las sospechas apuntan a posibles inconsistencias entre sus ingresos declarados y el nivel de gastos registrados en los últimos años
Mientras la Justicia avanza, el oficialismo enfrenta un panorama adverso tanto en la opinión pública como en el ámbito político. Informes de análisis digital señalan una fuerte caída en la interacción del Presidente en redes sociales, históricamente uno de los principales activos del espacio.
En este contexto, la continuidad de Adorni en el cargo despierta interrogantes. Algunos sectores sostienen que su permanencia responde a la cercanía con el círculo presidencial y al manejo de información sensible dentro del Gobierno.
Por ahora, la estrategia oficial parece clara: sostener al funcionario y esperar el desarrollo de las causas judiciales. Sin embargo, el impacto político de las denuncias y la creciente presión interna plantean un escenario incierto para el futuro inmediato de la gestión.
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