El juez que dictó la cautelar rechazó ceder el expediente y mantuvo la suspensión de los artículos clave. El Gobierno redobla la presión ante la Corte Suprema con un pedido de per saltum.
La disputa judicial en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo y, por ahora, mantiene en suspenso la aplicación de sus puntos centrales. El juez laboral Raúl Ojeda volvió a respaldar su competencia para intervenir en el caso y rechazó transferir el expediente al fuero contencioso administrativo, en medio de una creciente ofensiva oficial para acelerar una definición en la Corte Suprema.
La decisión implica que la medida cautelar que frenó más de ochenta artículos de la denominada “Modernización Laboral” continúa vigente. Solo una intervención directa del máximo tribunal podría modificar este escenario en el corto plazo.
El eje de la controversia no solo gira en torno al contenido de la reforma, sino también sobre qué fuero judicial debe resolver su validez. Mientras el Gobierno sostiene que el caso debe ser tratado por la justicia contencioso administrativa, Ojeda defendió la intervención del fuero laboral al considerar que se trata de una materia estrictamente vinculada al derecho del trabajo.
En su resolución, el magistrado argumentó que el expediente tiene carácter colectivo, ya que abarca a trabajadores del sector privado en su conjunto, y que ya se incorporaron múltiples demandas impulsadas por sindicatos y organizaciones gremiales. Entre ellas, se encuentran presentaciones de centrales obreras y sindicatos de distintos sectores, lo que refuerza el alcance general del caso.
Además, remarcó que la sola participación del Estado nacional no determina automáticamente la competencia del fuero contencioso, sino que debe primar la naturaleza del conflicto: en este caso, de índole laboral.
La medida que suspendió la aplicación de la reforma se basó en la posibilidad de que su implementación genere consecuencias irreversibles para los trabajadores. Entre los puntos cuestionados figuran cambios en el sistema de indemnizaciones, limitaciones a la actividad sindical y la exclusión de ciertos sectores —como los trabajadores de plataformas— del marco de protección laboral tradicional.
El planteo judicial también advierte sobre una posible regresión en materia de derechos laborales, lo que podría entrar en tensión con compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos.
Desde esta perspectiva, el juez consideró necesario preservar la situación actual hasta que se analice a fondo la constitucionalidad de la norma, priorizando la seguridad jurídica y evitando daños potenciales de difícil reparación.
Frente a este escenario, la Casa Rosada decidió avanzar directamente ante la Corte Suprema con un recurso de per saltum, un mecanismo excepcional que permite saltear instancias intermedias y obtener una resolución rápida del máximo tribunal.
El planteo fue impulsado por la Procuración del Tesoro, que calificó la situación como de “gravedad institucional” y pidió restablecer de inmediato la vigencia de la reforma. El argumento central del Ejecutivo es que la suspensión afecta la seguridad jurídica y paraliza cambios considerados clave para el mercado laboral.
Asimismo, el Gobierno cuestiona la legitimidad de las presentaciones sindicales y la competencia del fuero laboral, al tiempo que sostiene que la cautelar fue dictada sin un análisis suficiente.
El conflicto se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre el Poder Ejecutivo y la justicia laboral, históricamente crítica de ciertas reformas en materia de empleo. En los últimos años, la Corte Suprema emitió fallos que limitaron aspectos vinculados a indemnizaciones y litigios laborales, lo que fue interpretado como una señal favorable a posiciones empresariales.
A su vez, recientes declaraciones de autoridades del máximo tribunal sobre la necesidad de acatar sus decisiones fueron leídas en clave de este tipo de disputas.
Sin embargo, el recurso de per saltum no suele ser admitido con facilidad. Su aceptación depende de que la Corte considere que existe una cuestión de gravedad institucional que justifique una intervención inmediata.
Mientras tanto, la discusión judicial podría extenderse en el tiempo, ya que también está en juego la competencia entre fueros, un aspecto que podría demorar una resolución de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma.
En paralelo, el juez Ojeda dispuso que las apelaciones se tramiten en la Cámara del Trabajo, aunque no se descartan nuevos intentos para que intervenga la justicia contencioso administrativa.
El desenlace dependerá, en gran medida, de la decisión que adopte la Corte Suprema: si acepta tratar el caso de forma directa o si deja que el proceso continúe su curso habitual. Hasta entonces, la reforma laboral seguirá sin aplicarse y el debate permanecerá abierto tanto en el plano judicial como político.
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