La medida oficial busca reducir la planta del organismo previsional, mientras sindicatos advierten sobre un posible vaciamiento técnico y denuncian condicionamientos económicos a los trabajadores
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de desvinculación laboral dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), basado en acuerdos voluntarios entre el organismo y sus empleados. Sin embargo, la iniciativa abrió un frente de tensión con los gremios del sector, que alertan sobre presiones indirectas para forzar adhesiones y advierten por el impacto en la estructura técnica del organismo.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 68/2026, que establece el denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” (RVR). Este mecanismo permite extinguir la relación laboral mediante consentimiento mutuo, en línea con lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.
Cómo funciona el plan
El programa está dirigido a trabajadores con al menos dos años de antigüedad y contempla una compensación económica basada en la trayectoria dentro del organismo. La gratificación puede alcanzar el equivalente al 90% del salario por cada año trabajado, con un límite de hasta 24 sueldos y montos que, en algunos casos, podrían llegar a cifras cercanas a los 80 millones de pesos.
El acuerdo debe formalizarse ante la autoridad laboral y luego ser homologado en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), lo que le otorga carácter definitivo y evita futuros reclamos judiciales.
Entre las condiciones más relevantes, se establece que quienes adhieran no podrán reingresar al Estado nacional durante cinco años, bajo ninguna modalidad de contratación.
Además, quedan excluidos del programa quienes estén sometidos a procesos disciplinarios, tengan causas judiciales vinculadas a la administración pública, hayan iniciado trámites jubilatorios o superen cierta edad.
El plazo para sumarse al esquema se fijó hasta comienzos de abril, con algunas excepciones para casos de licencias.
Rechazo sindical y denuncias
Desde distintos sectores gremiales, como APOPS y SECASFPI, surgieron fuertes cuestionamientos al plan oficial. Según expresaron, la propuesta no sería completamente voluntaria en la práctica, ya que —afirman— se estaría ejerciendo presión económica sobre los trabajadores en un contexto de deterioro salarial.
Las organizaciones sindicales sostienen que el objetivo de fondo es reducir áreas clave del organismo, debilitando su capacidad operativa y técnica en un momento en que crecen las demandas vinculadas a prestaciones sociales y previsionales.
En esa línea, remarcaron que la salida de personal experimentado podría afectar la calidad de atención y gestión del sistema previsional. “Defendemos el empleo y la previsión pública”, señalaron desde los espacios gremiales, al tiempo que anticiparon posibles medidas de acción.
Un plan en el marco del ajuste estatal
La implementación de este programa se inscribe dentro de una política más amplia de reestructuración del Estado impulsada por el Ejecutivo, que apunta a disminuir el gasto público y reducir la cantidad de empleados en distintas áreas.
En este contexto, ANSES aparece como uno de los organismos estratégicos, tanto por su tamaño como por su rol central en la administración de jubilaciones, pensiones y programas sociales.
Mientras el Gobierno sostiene que el esquema es voluntario y busca modernizar la gestión, los gremios advierten que el impacto podría ser estructural. El conflicto, por ahora, sigue abierto y promete escalar en las próximas semanas.
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