Una profesora que participó en un acto escolar en St. John’s School de Pilar fue objeto de un pedido formal de explicaciones del Ministerio de Capital Humano al gobierno bonaerense tras expresar ante alumnos de primaria una crítica a las políticas migratorias del expresidente de Estados Unidos. La cartera sostiene que el episodio podría constituir “adoctrinamiento político” y afecta derechos educativos fundamentales.
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, envió una carta oficial a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires solicitando información detallada sobre un incidente ocurrido durante un acto escolar en el St. John’s School de Pilar, donde una docente fue grabada realizando comentarios considerados ideológicos frente a estudiantes de nivel primario.
Según indicó la cartera nacional, se tomó conocimiento de un video registrado durante el evento en el que la docente —quien también desempeña funciones de supervisión educativa en la Región 11— habría vinculado la política migratoria del expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, con un rechazo hacia “lo diferente”.
Para el Gobierno, estos dichos podrían constituir adoctrinamiento político en un contexto escolar, lo que consideran una vulneración al derecho de los estudiantes a una formación cívica adecuada y al libre desarrollo de su pensamiento. La ministra Pettovello expresó que, de confirmarse la veracidad de lo difundido, corresponde evaluar medidas disciplinarias.
El comunicado oficial destaca que este tipo de situaciones “afecta la integridad psicológica, el derecho a una correcta educación cívica y el libre desarrollo del pensamiento de los estudiantes”, e invoca normas constitucionales y convenciones internacionales que resguardan la libertad de expresión y de conciencia en el ámbito educativo.
Las autoridades nacionales también citaron leyes como la Ley de Educación Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, al subrayar que cualquier imposición de posturas político-partidarias dentro del aula vulnera derechos fundamentales de niños y adolescentes.
El pedido a la Provincia de Buenos Aires incluye solicitar información sobre si ya se inició una investigación administrativa, qué mecanismos se aplicarán para prevenir o sancionar estos hechos y qué protocolos existen para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en las instituciones educativas.
El caso generó un cruce entre el Gobierno nacional y las autoridades bonaerenses, que ahora deben responder formalmente si se abrió un sumario, qué acciones se han tomado y si la grabación efectivamente refleja una intervención que pueda considerarse adoctrinamiento político en un contexto escolar.
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