La investigación judicial determinó medidas patrimoniales contra exdirectivos de la entidad bancaria por el otorgamiento de créditos millonarios a la agroexportadora cuando ya atravesaba una grave crisis financiera.
La causa judicial que investiga el presunto fraude en torno a la empresa Vicentín dio un paso clave con la decisión de la Justicia Federal de ordenar el embargo y la inhibición general de bienes de Javier Gonzáles Fraga, Lucas Llach y otros 16 exdirectivos del Banco Nación. Todos ellos integraron la conducción de la entidad durante la gestión presidencial de Mauricio Macri y están acusados de haber intervenido en una operatoria irregular que benefició a la cerealera por una suma superior a los 300 millones de dólares.
La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini, casi seis años después de iniciada la investigación. El expediente analiza un posible delito de fraude contra la administración pública, vinculado al otorgamiento de financiamiento extraordinario a una empresa que, según los investigadores, no contaba con capacidad económica para afrontar esas obligaciones.
De acuerdo con la hipótesis judicial, la maniobra habría sido liderada por Gonzáles Fraga y Llach, quienes se desempeñaban como presidente y vicepresidente del Banco Nación, respectivamente. La pesquisa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, sostiene que a través de la entidad estatal se aprobaron créditos por un total de 304.328.665,75 dólares a favor del grupo agroexportador con sede en Santa Fe.
El embargo fue dispuesto con el objetivo de garantizar una eventual multa económica y asegurar la reparación del daño ocasionado al Estado en caso de que se dicte una condena. Así lo señala el fallo, que también remarca que los exfuncionarios investigados habrían participado, junto a directivos del Grupo Vicentín, en el cobro y manejo de fondos cuyo destino final aún no pudo ser determinado.
En su resolución, el juez Ercolini describió una sucesión de préstamos y refinanciaciones que habrían sido habilitados de manera irregular. Según el magistrado, los imputados facilitaron el acceso a nuevos créditos aun sabiendo que el banco no tenía posibilidades reales de recuperarlos, dadas las condiciones financieras de la empresa.
La decisión judicial se adoptó luego de las indagatorias realizadas en noviembre del año pasado en los tribunales de Comodoro Py, instancia en la que declararon 26 personas vinculadas al caso. A partir de esas audiencias, la fiscalía logró reconstruir el mecanismo por el cual el Banco Nación continuó otorgando financiamiento que la compañía no podía devolver y que, una vez acreditado, habría sido derivado a cuentas personales de directivos de la firma y a otros fines ajenos a la operatoria original.
Uno de los episodios más comprometidos se ubica en el segundo semestre de 2019. En ese período, Vicentín ya registraba una abultada deuda vencida, pero aun así se autorizaron retiros y transferencias desde cuentas de garantía sin que previamente se descontaran los montos adeudados a la entidad financiera.
Según consta en el expediente, durante la segunda mitad de 2019 se liberaron fondos por 43.449.104.966 pesos mediante 125 operaciones. A eso se sumó la concesión de 28 nuevos préstamos por un total de 105,5 millones de dólares. Para la fiscalía, estas decisiones se tomaron sin considerar que, al 7 de noviembre de ese año, el grupo empresario acumulaba una deuda vencida y exigible de 149,5 millones de dólares y que ya se encontraba excedido en su capacidad crediticia al menos desde julio de 2019.
La causa continúa en etapa de instrucción y las medidas patrimoniales buscan asegurar eventuales sanciones económicas mientras avanza el proceso judicial que intenta determinar responsabilidades penales en uno de los casos más resonantes de presunto perjuicio al Estado en los últimos años.
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