La Justicia declaró inaplicable un decreto que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó garantizar los recursos para la educación superior.
La disputa por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo tras una decisión de la Justicia federal que ordena al Estado nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo, dictado en el fuero Contencioso Administrativo Federal, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y dispuso la actualización de salarios y becas estudiantiles.
El juez Martín Cormick resolvió que el decreto 795/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo intentó frenar la aplicación de la ley, resulta inaplicable. En su fundamentación, sostuvo que la medida oficial presenta signos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, ya que vulnera derechos constitucionales vinculados al acceso a la educación y a la autonomía de las universidades.
La resolución judicial ordena cumplir con los artículos 5° y 6° de la norma, que establecen la recomposición de los haberes del personal docente y no docente, así como la actualización de las becas y la asignación de partidas suficientes para el funcionamiento de las instituciones. Según el magistrado, la omisión del Gobierno genera un perjuicio directo sobre el sistema universitario público.
Tras conocerse el fallo, los gremios universitarios redoblaron la presión y advirtieron que, si no se ejecuta lo dispuesto por la Justicia, podrían profundizarse las medidas de fuerza. Desde el sector docente insisten en que la crisis presupuestaria impacta de manera directa en la calidad educativa y en la continuidad de las actividades académicas.
El conflicto se da en un contexto de tensión prolongada entre el Ejecutivo y el sistema universitario, atravesado por vetos presidenciales, discusiones parlamentarias y recortes en el debate del presupuesto nacional. Con el inicio del próximo año académico en el horizonte, la aplicación efectiva del fallo aparece como un punto clave para evitar un escenario de paralización en las universidades públicas de todo el país.
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