Organizaciones sociales y estatales se movilizaron en todo el país para frenar una iniciativa que consideran nociva para los trabajadores. El Ejecutivo respondió con descuentos salariales y un fuerte operativo de seguridad.
Las calles del país se convirtieron en escenario de un extenso día de protesta tras la difusión del proyecto oficial de reforma laboral. La medida provocó un paro de trabajadores estatales y una serie de cortes organizados por movimientos sociales, que llevaron su descontento a rutas, accesos y centros urbanos.
Las organizaciones convocantes definieron la iniciativa del gobierno como un retroceso histórico que flexibiliza las condiciones laborales sin garantizar más empleo. Desde temprano, columnas de manifestantes se dirigieron hacia el Congreso mientras otros grupos desplegaron acciones simultáneas en diferentes puntos, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde hubo ocho focos de concentración.
En paralelo, el Poder Ejecutivo anunció que aplicará descuentos a quienes se sumaron al paro y reforzó los controles policiales en zonas clave. Con el debut de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, se mantuvo la línea de saturación de fuerzas federales en calles y accesos, replicando la política antipiquetes de la gestión anterior.
Cuestionamientos sindicales y sociales
El rechazo a la reforma fue contundente entre los sindicatos y movimientos territoriales. Rodolfo Aguiar, referente estatal, aseguró que la reforma “no traerá crecimiento económico ni generación de empleo” y que el objetivo real es “quitar derechos para disciplinar a los trabajadores”.
Esteban Castro, dirigente social, planteó que las modificaciones impulsarán un aumento de la informalidad laboral. Según explicó, ya más de la mitad de los trabajadores se encuentra en condiciones precarias y la reforma podría llevar ese número “a niveles cercanos al 80 por ciento”, afectando incluso a quienes hoy sí están formalizados.
Demandas que van más allá del proyecto laboral
El escenario de protesta también acumuló reclamos derivados de los ajustes de los últimos meses. En el sector público, persiste la preocupación ante la posible no renovación de contratos que vencerán a fin de año, lo que podría significar miles de despidos. A ello se suma el pedido de apertura de paritarias para compensar la pérdida salarial.
En los movimientos sociales, la agenda está marcada por la falta de actualización del Salario Social Complementario, congelado desde diciembre de 2023 y desvinculado del Salario Mínimo por decisión del Ejecutivo. También cuestionan la propuesta de desligar la Asignación Universal por Hijo de la fórmula de movilidad.
El deterioro se profundiza con la paralización de obras en más de cinco mil barrios populares y el impacto de la apertura de importaciones sobre cooperativas textiles, cartoneros y la agricultura familiar, que denuncian un desplazamiento cada vez mayor por productos del exterior.
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