El Ejecutivo impulsa un nuevo régimen para luz y gas basado en topes de consumo y restricciones patrimoniales. Las ayudas se reducirán progresivamente hasta desaparecer a fines de 2026.
El Gobierno avanzó con un rediseño profundo del sistema de subsidios energéticos que reemplazará la segmentación aplicada hasta ahora. La iniciativa plantea un nuevo criterio: ya no habrá categorías de ingresos ni programas específicos para la población de menores recursos; en su lugar, regirá una división entre hogares subsidiados y no subsidiados, con reglas más estrictas y topes de consumo que determinarán la continuidad de la asistencia.
Este cambio forma parte de las condiciones acordadas con el FMI para bajar el gasto público asociado a la energía y reducir el déficit fiscal. Si bien aún faltan detalles técnicos, la Secretaría de Energía adelantó los aspectos centrales del plan, que se debatirá próximamente en audiencias públicas.
Nuevas condiciones para acceder al subsidio
Para acceder al beneficio, los hogares deberán demostrar ingresos por debajo de tres canastas básicas mensuales. Este umbral define el universo de familias que podrían recibir una compensación de hasta el 50 por ciento sobre el total de la factura. Al mismo tiempo, quedarán excluidos quienes posean más de una propiedad o cuenten con determinados bienes patrimoniales como embarcaciones.
El detalle más relevante se vincula a los límites de consumo. En el caso del servicio eléctrico, se fijan topes de 150 kilowatts en los meses templados y de 300 kilowatts en invierno y verano. Si un hogar supera estos valores, perderá automáticamente el subsidio y abonará el precio pleno del servicio.
Un esquema más restrictivo para el gas
El gas natural mantendrá un subsidio acotado a seis meses del año: desde abril hasta septiembre. Fuera de ese período, se aplicarán tarifas sin descuentos. Para quienes utilizan garrafas, la asistencia llegará mediante un reintegro por Mercado Pago, aunque la compensación equivale a menos de media garrafa mensual, una cantidad menor a la que otorgaba el programa anterior.
Además, tanto en el gas como en la electricidad, la ayuda se irá reduciendo de forma escalonada hasta quedar eliminada hacia diciembre de 2026. Esto marcará un aumento sostenido de los costos de los servicios públicos a medida que avance el cronograma.
Objetivo: reducir el gasto en subsidios
El Gobierno sostiene que la decisión busca corregir distorsiones y presuntas irregularidades detectadas en el régimen previo. Sin embargo, el punto central es el ajuste fiscal: las autoridades buscan que el gasto en subsidios energéticos no supere el 0,5 por ciento del PBI el próximo año, objetivo alineado con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario.
Mientras tanto, el Ejecutivo espera validar el nuevo esquema en las audiencias públicas previstas. Allí se espera una participación activa de usuarios y organizaciones, que anticipan críticas por el impacto económico que la medida podría generar en los hogares de menores ingresos.
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