El oficialismo consiguió apoyo para la emergencia económica y la Ley Impositiva, pero la autorización para endeudarse quedó frenada por disputas entre bloques y cuestionamientos sobre la transferencia de fondos a los municipios.
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave al aprobar el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y la declaración de emergencia económica para la Provincia y los municipios. Sin embargo, la sesión dejó un elemento central sin resolver: la Ley de Financiamiento que habilitaría un endeudamiento por u$s 3.035 millones.
La emergencia, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027, se justificó en la fuerte contracción económica y en la caída de los envíos nacionales automáticos y discrecionales. Para el oficialismo, esa situación debilitó las cuentas locales y afectó la provisión de servicios esenciales en áreas críticas.
Durante la sesión nocturna, se aprobó un presupuesto total de 43 billones de pesos, junto con las partidas internas de ambas cámaras legislativas, que equivalen al 0,9% del gasto. No se difundieron detalles desagregados de estos últimos montos.
El debate más intenso giró en torno al endeudamiento. El gobierno provincial sostiene que necesita autorización para afrontar obligaciones ya asumidas. Desde Unión por la Patria, el legislador Gustavo Pulti subrayó que la Provincia debería poder financiarse incluso con el recorte nacional, siempre que se mantenga la participación de los municipios y un fondo estable.
La negociación se trabó por el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. Aunque el total acordado es de $352.000 millones, los bloques no coinciden sobre la proporción de giros automáticos. Representantes de la UCR + Cambio Federal denunciaron que se buscó reducir el monto fijo a entregar sin intermediación, pasando de $180.000 millones a solo $30.000 millones.
En cuanto al crédito externo, la discusión se intensificó cuando sectores internos del oficialismo afirmaron que el pedido real de deuda sería mayor al informado públicamente. Según esas versiones, la cifra total ascendería a u$s 3.685 millones, superando los u$s 3.035 millones mencionados por el ministro Pablo López.
Horas previas a la votación, Axel Kicillof mantuvo una reunión con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, cercano a Máximo Kirchner. Allí se decidió acompañar las leyes principales y continuar las conversaciones sobre la presidencia de Diputados, la estrategia del bloque oficialista y la negociación final por el endeudamiento.
La Ley Impositiva, por su parte, incorporó un cambio que generó un fuerte rechazo opositor: una alícuota del 9% para las utilidades de entidades financieras vinculadas a títulos públicos nacionales. La medida no alcanza a emisiones provinciales, municipales ni privadas. Para el diputado del PRO Matías Ranzani, la iniciativa “carece de sentido”, motivo por el cual solicitó al Ejecutivo que no la promulgue. Pese a la resistencia, fue aprobada por mayoría.
Alcances de la emergencia
La declaración otorga al Ejecutivo herramientas para agilizar procedimientos, reasignar partidas y aplicar cambios impositivos sin pasar por la vía ordinaria. Su uso tiene antecedentes directos en la década de 1990 y en la crisis iniciada en 2002, con continuidad hasta 2015. En 2018, el gobierno de entonces decidió no renovar el régimen.
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