Emergencia en Discapacidad: polémica por la negativa del Gobierno a aplicar la ley

La Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, continúa sin entrar en vigencia. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que el Ejecutivo no implementará la norma hasta que se definan “claramente las fuentes de financiamiento”. Esta decisión generó un fuerte malestar en la oposición, que ya presentó pedidos de interpelación y avanza con una moción de censura en su contra.

Francos justificó la postura oficial argumentando que la Ley de Administración Financiera (24.156) obliga a que toda norma con gastos no contemplados en el presupuesto incluya la especificación de los recursos que los solventarán. Según su visión, la legislación aprobada no cumple con ese requisito.

No obstante, el artículo 19 de la propia ley establece la posibilidad de reasignar fondos públicos, facultad que recae en el jefe de Gabinete para garantizar la implementación de las medidas de emergencia. Esta contradicción entre lo aprobado por el Congreso y lo que interpreta el Ejecutivo dejó al descubierto un nuevo capítulo de tensión institucional.

“Los legisladores están en su derecho de avanzar con un planteo de censura”, reconoció Francos, aunque minimizó el impacto político de esa ofensiva. “Promulgamos la ley porque no teníamos otra alternativa, pero no puede aplicarse sin partidas presupuestarias específicas”, insistió.

La postura del funcionario es vista por distintos sectores como una estrategia de doble veto: primero, a través del rechazo presidencial, y luego, mediante la negativa del propio Gabinete a ejecutar la ley ya ratificada.

Mientras tanto, los bloques opositores advierten que el Gobierno está incumpliendo con una obligación legal y política, ya que la norma fue votada por amplia mayoría y responde a la necesidad urgente de garantizar derechos y asistencia a las personas con discapacidad.

El debate ahora se traslada nuevamente al recinto, donde se pondrá a prueba el respaldo con el que cuenta el oficialismo en un escenario de creciente desgaste y cuestionamientos a su jefe de ministros.

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