El Gobierno liderado por Javier Milei redobló sus críticas contra la libertad de expresión luego de que se difundieran audios que habían sido censurados judicialmente en Argentina. El Presidente acusó a los periodistas que revelaron las grabaciones de presuntas coimas en el ámbito de discapacidad de formar parte de “una red de espionaje ilegal” y advirtió: “Se creen impunes y no lo son”.
La polémica se desató después de que medios uruguayos publicaran fragmentos de los audios vinculados a Karina Milei, cuya difusión la justicia federal argentina había prohibido dentro del país, a solicitud del Ejecutivo.
En su cuenta oficial, Milei señaló: “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”, en referencia a los comunicadores que dieron a conocer los audios y cuyos domicilios estuvieron a punto de ser allanados por un pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El mandatario agregó que “estos espías que se disfrazan de periodistas quieren desviar la atención del tema real”, sin precisar a qué se refería, y remató con la advertencia: “No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son”.
La estrategia de Martín Menem
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sumó a la estrategia oficial de desviar la atención del escándalo. Menem sostuvo que la difusión de los audios en los que se lo menciona representa “un intento deliberado de desestabilización” en el marco del proceso electoral.
Uno de los audios en cuestión, cuya difusión fue prohibida por el juez Alejandro Maraniello a pedido del Gobierno, fue transmitido por medios uruguayos. En él, una voz atribuida a Karina Milei dice: “Hay que estar debajo de Martín”, “Martín es el que tiene la información”, y “yo, desde el punto que me toca, respeto a Martín como cabeza”.
En un posteo en redes sociales, Menem intentó aclarar que el audio era “hipotético”, aunque confirmó que quien hablaba era Karina Milei y que los dichos se produjeron en la Presidencia de la Cámara de Diputados, no en la Casa Rosada, como había sostenido el juez Maraniello y el vocero Manuel Adorni. El diputado agregó que “en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en el marco de encuentros periódicos para coordinar la labor parlamentaria, de los cuales Karina Milei participa para aportar conducción política”.
Menem vinculó la difusión de los audios a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación, y señaló que se trataba de un intento de desestabilización impulsado por la oposición.
El respaldo de Milei al bozal judicial
El mensaje más contundente vino de Javier Milei, principal impulsor de la medida cautelar que frenó la circulación de los audios en Argentina, contraviniendo garantías constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa. Al denunciar la existencia de una supuesta “red de espionaje”, Milei reforzó la teoría oficial sobre la presencia de inteligencia extranjera contra su administración y dejó abierta la posibilidad de acciones intimidatorias: “No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”.
Diputada oficialista pide detenciones
La diputada oficialista Lilia Lemoine también se sumó a los ataques contra la prensa, cuestionando la difusión de los audios a través de medios uruguayos. Lemoine llegó a afirmar que los periodistas involucrados deberían ser detenidos por “traición a la patria” y descalificó su labor: “No son periodistas, son espías y extorsionistas”. Además, aseguró que las grabaciones eran privadas y obtenidas de manera ilegal, y que podrían contener información sensible de Karina Milei como secretaria general de la Presidencia.
Con estas declaraciones, el Gobierno profundizó su ofensiva contra los periodistas que revelaron los audios, en un contexto marcado por acusaciones de espionaje y presunta corrupción en el entorno más cercano a la administración nacional.
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