En un nuevo capítulo de tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el Congreso resolvió rechazar de manera definitiva un DNU y cuatro decretos delegados emitidos por el presidente Javier Milei. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial, consolidando así la decisión que ambas cámaras habían tomado previamente.
Los textos que dieron marco legal al rechazo fueron firmados por Martín Menem, en representación de la Cámara de Diputados, y Victoria Villarruel, desde la presidencia del Senado. De esta manera, el Parlamento cerró el proceso de tratamiento iniciado el 6 de agosto en la cámara baja y continuado luego en el Senado, donde se eligió tratar solo una parte de los decretos que otorgaban facultades delegadas al Ejecutivo.
Las disposiciones objetadas por legisladores de distintos bloques abarcaban temas sensibles como la regulación de huelgas, la reestructuración de organismos científicos y culturales, así como la eliminación de instituciones de infraestructura y regulación productiva.
Entre las medidas rechazadas se encuentran:
- El DNU 340/2025, que declaraba a la navegación marítima como servicio esencial y reducía el alcance del derecho a huelga.
- El Decreto 345/2025, que disponía la fusión de institutos culturales y modificaba la estructura del Instituto Nacional del Teatro.
- El Decreto 351/2025, que cambiaba el estatus del Banco Nacional de Datos Genéticos.
- El Decreto 461/2025, que ordenaba el cierre y transformación de la Dirección Nacional de Vialidad.
- El Decreto 462/2025, que eliminaba la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal.
El debate generó fuertes posiciones encontradas. Mientras el oficialismo intentó en reiteradas ocasiones alcanzar acuerdos para sostener las medidas, la mayoría de los bloques opositores se mantuvo firme en el rechazo, argumentando que las disposiciones excedían las atribuciones conferidas al Ejecutivo y afectaban derechos fundamentales como la huelga y la continuidad de organismos estratégicos.
La publicación de las resoluciones parlamentarias en el Boletín Oficial representa un freno concreto a la implementación de estos decretos y refuerza el papel del Congreso como contrapeso en el sistema republicano.
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