El mundo político y empresarial se encuentra convulsionado tras la difusión de audios que exponen maniobras de presunta corrupción en contrataciones estatales. La droguería Suizo Argentina SA, vinculada a la familia Kovaliker, acumula contratos millonarios con distintos organismos oficiales, entre ellos el PAMI, en un contexto de denuncias por sobornos y direccionamiento en compras de medicamentos.
Las grabaciones conocidas la semana pasada, que involucran al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, revelan cómo se presionaba a proveedores para aumentar los porcentajes de sus operaciones. Uno de los audios señala: “No va más el 5, vas a tener que poner el 8, lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia”. La naturalidad con la que se describen estos procedimientos expuso un sistema presuntamente aceitado y recurrente.
En este marco, el PAMI aparece como una de las instituciones con mayor volumen de operaciones con la droguería. Solo en el último período, se celebraron 28 contratos, varios de ellos bajo la modalidad de “compulsa abreviada”, lo que permitió reducir plazos en el proceso de adjudicación. El más reciente se firmó apenas unos días atrás, lo que intensificó la controversia.
El escándalo no se limita a la obra social de los jubilados. Otras áreas del Estado, como Defensa, Salud y Seguridad, también realizaron acuerdos con la compañía. La situación obligó a que las Fuerzas Armadas dieran el visto bueno para que ex autoridades del IOSFA colaboren con la justicia, aportando información clave sobre el manejo de licitaciones y adquisiciones de emergencia.
La causa judicial en curso podría ampliarse significativamente si se logra acceder a los documentos que acrediten cómo funcionaban estos mecanismos. Los investigadores sospechan de un entramado de irregularidades en el que se combinaban presiones a proveedores, aumentos de costos y adjudicaciones rápidas que habrían favorecido a Suizo Argentina en detrimento de la transparencia en la gestión pública.
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