La maquinaria del ajuste no se detiene. En su carrera por cumplir las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional lanza una reforma previsional que significará la demolición total de derechos jubilatorios consagrados por la Constitución. El artículo 14 bis, que garantiza el acceso a la seguridad social, será letra muerta para millones de trabajadores si esta iniciativa avanza.
La reforma, que entrará en vigor en 2026, eliminará más de 100 regímenes diferenciales que reconocían condiciones laborales específicas: tareas insalubres, físicas o de alta exigencia intelectual. Docentes, enfermeros, colectiveros, mineros, empleados públicos, entre otros, perderán el derecho a jubilarse antes o con haberes mejorados. Se acabó el reconocimiento al sacrificio.
A cambio, el Estado propone un sistema implacable: una jubilación proporcional a los aportes registrados —sin moratoria— y un ingreso mínimo universal apenas superior a la línea de indigencia. ¿El que no llegó a los 30 años de aportes? Afuera del régimen jubilatorio. El futuro es una asistencia limitada llamada PUAM, que hoy no supera los $251.000, frente a una mínima que ya es de por sí insuficiente: $314.305. La diferencia no es simbólica: marca la distancia entre vivir con dignidad o subsistir en la pobreza.
La eliminación de la moratoria, prevista para marzo de 2025, dejará a miles sin opción alguna. Más del 85% de los futuros jubilados no podrá cumplir con los años exigidos debido a la informalidad, la inestabilidad laboral o la falta de aportes de sus empleadores. Una generación entera quedará excluida, condenada a envejecer sin derechos.
Los trabajadores del transporte, la salud, la educación y la construcción son los más golpeados. Se les retira la protección que contemplaba la realidad de sus trabajos. Ya no se reconocerá el esfuerzo de quienes pasaron décadas manejando colectivos, atendiendo emergencias, enseñando en aulas precarias o cargando materiales pesados. Todos serán arrojados al mismo saco del “régimen general”.
Como si fuera poco, los sistemas jubilatorios autónomos de profesionales también serán absorbidos o forzados a adaptarse. Abogados, contadores, ingenieros y escribanos perderán la autonomía de sus cajas, en un claro avance sobre derechos históricos.
Pero el golpe final es económico. Desde 2017, los haberes jubilatorios acumulan una pérdida del 40% en su poder adquisitivo. Con la fórmula de movilidad desvirtuada y el congelamiento del bono de $70.000, millones ya viven bajo la línea de pobreza. Hoy, 5 millones cobran la mínima y 1 millón sobrevive con la PUAM.
La vejez se convierte así en un castigo. El proyecto de retiro proporcional, retomado tras ser eliminado de la Ley Bases de 2023, implica que quien no llegue a los 30 años no podrá completar aportes. Se jubilará con menos, para siempre. Una injusticia estructural, avalada por el Estado.
La Constitución garantiza el derecho a la seguridad social. Esta reforma, sin embargo, lo pisotea. El futuro jubilado ya no será visto como un sujeto de derecho, sino como una carga a eliminar. En nombre del ajuste, se recortan esperanzas, se silencian luchas y se condena a la exclusión a quienes forjaron el país con su trabajo.
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