Un cambio devastador se avecina para quienes sufran un accidente laboral a partir de febrero de 2026: el Gobierno nacional impuso, mediante el Decreto 549/2025, una nueva forma de calcular las incapacidades laborales que promete ser una bomba de tiempo en los tribunales laborales y una tragedia silenciosa para los trabajadores.
Esta nueva tabla de evaluación, que regirá obligatoriamente en todo el país, anula décadas de conquistas laborales y reduce significativamente las posibilidades de acceder a una indemnización justa.
Lo más escandaloso: se elimina el dolor como criterio de evaluación, es decir, una persona que sufre intensamente no verá reflejado ese sufrimiento en el monto a cobrar. El argumento oficial es que el dolor es un síntoma “subjetivo”, pero los especialistas advierten que esta medida deshumaniza la evaluación médica y prioriza frías estadísticas por sobre las personas reales.
Por si fuera poco, se introduce el criterio de “capacidad restante”, que reemplaza la clásica suma lineal de secuelas. Esto implica que las lesiones se evaluarán en función de lo que la persona todavía puede hacer, no de lo que perdió. Resultado: menos porcentaje, menos dinero, menos justicia.
Otro aspecto que generó fuerte rechazo es el límite arbitrario del 65,99% para incapacidades parciales. Aunque múltiples factores eleven la gravedad del caso, ese tope funcionará como una trampa legal para impedir el acceso a indemnizaciones mayores.
La tabla incluye detalles minuciosos sobre fracturas, quemaduras, amputaciones, lesiones articulares y musculares, pero deja afuera enfermedades que no estén expresamente incluidas. En esos casos, se recurrirá a una reglamentación antigua, vaga e imprecisa que no contempla la complejidad de los nuevos escenarios laborales.
El Gobierno defiende la reforma como una modernización basada en fallos judiciales y recomendaciones técnicas. Pero la realidad es que los principales perjudicados serán los trabajadores. Se borra con un decreto el derecho a una reparación económica digna por incapacidades muchas veces irreversibles.
Sindicatos, abogados y peritos advierten que será necesaria una capacitación urgente para enfrentar esta reforma. Pero lo que no se podrá revertir tan fácilmente es el golpe que representa para el trabajador argentino: un paso atrás que recuerda los peores momentos del ajuste y la desprotección.
Esta no es una actualización técnica. Es un recorte brutal encubierto bajo la palabra «baremo», que deja al descubierto las verdaderas intenciones del poder: proteger al sistema, no a las personas.
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