Cinco personas fueron privadas de su libertad en el marco de una causa judicial que ha generado una fuerte controversia por su posible uso con fines políticos. Las detenciones, realizadas por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado y ejecutadas por la Policía Federal, responden a una denuncia del diputado José Luis Espert tras un episodio en su domicilio en Beccar, donde apareció un pasacalle con agravios y restos de excremento en la vereda.
Entre las personas arrestadas se encuentra Eva Mieri, concejala del peronismo en Quilmes, cuya vivienda y oficina en el municipio fueron allanadas. También fueron detenidos Alexia Abaigar, comunicadora y funcionaria provincial; la psicóloga social Aldana Muzzi; Candelaria Montes Cató, joven militante de Escobar; e Iván Díaz Bianchi, trabajador de la salud. En todos los casos, sus familiares aseguran que los operativos fueron desproporcionados y violentos.
Durante una rueda de prensa convocada por legisladores de Unión por la Patria en el Congreso, se denunciaron irregularidades procesales, ausencia de fundamentos jurídicos sólidos y un trato humillante hacia las detenidas. El abogado Daniel Llermanos relató que una de las mujeres fue trasladada encadenada y obligada a posar varias veces ante las cámaras policiales, bajo órdenes explícitas de obtener “la foto sin capucha”. Otro de los casos incluyó un video registrado por la propia fuerza de seguridad luego del arresto.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró las detenciones en redes sociales y compartió imágenes de los apresados, generando una ola de repudios desde distintos sectores. “Las hacen, las pagan”, escribió, en referencia al hecho denunciado por Espert. Esa exposición pública fue leída por abogados y dirigentes como una muestra clara de criminalización de la militancia política.
En declaraciones públicas, el abogado Rodríguez Basalo sostuvo que las figuras penales utilizadas por la magistrada carecen de lógica jurídica frente a los hechos investigados. “Una acción de protesta callejera no puede considerarse una amenaza a la seguridad pública ni justificar el uso de prisión preventiva”, explicó, cuestionando la aplicación del artículo 213 bis del Código Penal, reservado para acciones que buscan imponer ideas mediante el temor o la violencia organizada.
Los familiares relataron con angustia los momentos vividos durante los procedimientos: irrupciones con numerosos agentes, secuestro de celulares, incomunicación prolongada e incluso la afectación de otros domicilios sin relación directa con la causa. La madre de Abaigar denunció que su hija fue retirada de su lugar de alojamiento sin explicación alguna y trasladada de manera violenta. “No sabíamos dónde estaba, la angustia fue total”, dijo entre lágrimas.
Desde diversos espacios políticos y sociales se cuestionó la desproporción en las medidas judiciales adoptadas. El rector Diego Molea advirtió que se está “traspasando un límite peligroso” en materia de derechos y libertades individuales. Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recordó que nunca hubo la misma reacción judicial frente a amenazas graves contra figuras del peronismo: “Nos dejaron balas en la casa, pusieron bolsas mortuorias con nuestras caras. Nadie movió un solo expediente”.
Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre el avance de una política represiva y punitivista. En un comunicado señalaron que estas detenciones forman parte de una “miseria planificada” que apunta a silenciar voces opositoras. “El Estado debe garantizar la libertad política y no convertirse en herramienta de hostigamiento ideológico”, concluyeron.
El debate continúa abierto mientras los cinco militantes permanecen detenidos, sin indicios de que puedan recuperar su libertad en el corto plazo. Para sus allegados y defensores, se trata de una causa armada cuyo objetivo es disciplinar, infundir temor y reprimir toda expresión política contraria al gobierno actual.
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