Luego de que se confirmara la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, distintas voces del campo popular alertaron sobre lo que consideran una ofensiva política destinada a excluirla de la vida institucional. Para muchas organizaciones sociales y políticas, la sentencia no responde a una evaluación objetiva de los hechos sino a una operación para eliminar a una figura con fuerte arraigo popular y capacidad de disputar el poder.
El contraste con la situación de Mauricio Macri es uno de los elementos más mencionados en las críticas: el expresidente, quien asumió el gobierno con más de 200 causas abiertas, no solo no fue condenado, sino que mantiene plena libertad para desplazarse por el mundo y participar de foros y encuentros internacionales. Para muchos, esta diferencia de trato refleja un sesgo estructural en el funcionamiento de la justicia argentina.
Según referentes sociales, el trasfondo de esta ofensiva contra Cristina Kirchner es el temor a que vuelva a liderar un gobierno que priorice políticas públicas en favor del pueblo, como lo ha hecho históricamente el peronismo. La condena y la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos son entendidas como un intento deliberado de proscripción política.
Frente a este escenario, se ha intensificado el llamado a la organización y la movilización popular. Dirigentes sociales advierten que lo que está en juego no es solo el futuro político de una dirigente, sino la calidad misma del sistema democrático. Desde distintas agrupaciones se insiste en la necesidad de enfrentar esta avanzada judicial con unidad, compromiso y firmeza, para garantizar que la democracia no sea sustituida por mecanismos de represión institucional.
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