La reciente determinación de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la condena a prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, generó una fuerte reacción en diversos sectores del arco político nacional. Gobernadores, legisladores y referentes de distintos espacios expresaron su rechazo y preocupación por las implicancias que esta resolución podría tener sobre el sistema democrático argentino.
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien calificó la sentencia como «un final anunciado» tras años de persecución política, judicial y mediática. Para el mandatario provincial, esta condena representa «una infamia» y un nuevo episodio dentro de una larga historia de ataques hacia el peronismo y quienes han impulsado transformaciones en favor de las mayorías. Además, cuestionó que tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como en la actualidad con Javier Milei, se haya promovido un clima de odio y estigmatización contra el campo popular.
Kicillof también compartió una publicación del Movimiento Derecho al Futuro, en la que se denuncia que la condena busca castigar a Cristina Kirchner por haber gobernado en favor del pueblo y se resalta que “el pueblo la abraza: el pueblo unido jamás será vencido”.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó su preocupación por el uso del Poder Judicial como herramienta para excluir adversarios políticos del juego democrático. A su vez, Gustavo Melella, mandatario fueguino, remarcó que impedir la candidatura de Cristina implica limitar el derecho de millones de ciudadanos a elegir libremente a sus representantes. El pampeano Sergio Ziliotto también se sumó a las críticas, señalando que el fallo profundiza el desprestigio de un poder del Estado que prioriza intereses sectoriales.
Desde Catamarca, Raúl Jalil advirtió que la decisión judicial trasciende lo legal y tiene un fuerte impacto institucional al dejar fuera de la competencia a una figura con amplia representatividad. Por su parte, el tucumano Osvaldo Jaldo expresó su solidaridad con la ex mandataria y llamó a la unidad del peronismo en defensa de los valores democráticos.
También se expresó el ex ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, quien consideró que con este precedente cualquier dirigente político, empresarial o social podría ser responsabilizado por acciones de sus subordinados. Massa sostuvo que la sentencia representa una interferencia en los procesos electorales y una muestra clara de judicialización de la política.
El ex presidente Alberto Fernández, por su parte, lamentó que no se haya garantizado un juicio imparcial y afirmó que en un Estado de Derecho, los opositores deben ser juzgados conforme a la ley, algo que, según su visión, no ocurrió en este caso.
La senadora Wado de Pedro compartió mensajes en redes sociales defendiendo a la ex presidenta y alertando sobre el impacto que esta condena tiene sobre toda la sociedad. También la intendenta Mayra Mendoza denunció que no se trata de justicia, sino de venganza política contra un pueblo que supo vivir mejores tiempos.
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