El clima en el Congreso se torna tenso ante la sesión especial convocada por la oposición para tratar una serie de proyectos que aumentan el gasto del Estado. Entre ellos, se incluyen una actualización de las jubilaciones, la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y mayores transferencias a las provincias. Desde el oficialismo, ya anticiparon que, de aprobarse, el presidente ejercerá su facultad de veto.
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue uno de los primeros en manifestarse. A través de sus redes sociales, cuestionó la convocatoria impulsada por lo que denominó «el kirchnerismo y sus aliados», a quienes acusó de promover un gasto de más de 12.000 millones de dólares sin respaldo presupuestario. Según detalló, el impacto económico de las medidas representa aproximadamente un 1,8% del PBI: 0,42% por el aumento jubilatorio, 0,35% por el bono, 1,27% por las transferencias provinciales, 0,2% por la moratoria y 0,3% por la ley que busca atender las urgencias del colectivo con discapacidad.
Desde el Gobierno, la respuesta fue categórica. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Ejecutivo no dudará en recurrir nuevamente al veto si el Congreso avanza con normas que incrementen el déficit fiscal. “Si se aprueban, las vetaremos”, declaró Francos en una entrevista matutina, en línea con la política de ajuste y control del gasto público que sostiene la administración actual.
El escenario anticipa un nuevo conflicto entre el oficialismo y los bloques opositores, quienes insisten en la necesidad de atender las demandas sociales más urgentes, mientras el Gobierno prioriza mantener el equilibrio fiscal como eje de su política económica.
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