Este miércoles, diversas organizaciones de personas con discapacidad, junto con familias, profesionales de la salud, jubilados y colectivos sociales, se congregarán nuevamente frente al Congreso Nacional para exigir el tratamiento y aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La propuesta legislativa busca establecer mejoras urgentes en las prestaciones que reciben las instituciones del sector, tales como salud, transporte y educación, cuyos valores permanecen sin actualización desde octubre de 2024.
La movilización se da en el contexto de una sesión especial de la Cámara de Diputados, en la que también se debatirá un incremento extraordinario para jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y otros proyectos de interés social. Sin embargo, desde el Ejecutivo ya se anticipó que, en caso de que estas iniciativas obtengan luz verde legislativa, serán vetadas por el presidente Javier Milei.
La jornada contará con una amplia participación: además de los grupos vinculados a la discapacidad, se sumarán científicos del CONICET, estudiantes, docentes universitarios y movimientos feministas que, en un gesto de solidaridad, trasladaron la marcha de “Ni Una Menos” al 4 de junio para fortalecer el reclamo contra los recortes del Gobierno nacional.
El impulsor del proyecto de emergencia en discapacidad, el legislador Daniel Arroyo, argumenta que las instituciones atraviesan una grave crisis financiera, ya que las prestaciones que deben brindar están desactualizadas frente al avance de la inflación. Según advirtió el sacerdote y coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, los trabajadores del sector han perdido el 70% de su poder adquisitivo, mientras que las entidades ya no pueden cubrir sus costos operativos básicos.
Molero denunció además la falta de diálogo con las autoridades nacionales. “Nos dijeron que no habría incrementos este año porque seguimos con el presupuesto de 2024”, relató. También expresó su preocupación ante los intentos del Gobierno de reducir drásticamente el número de pensiones por discapacidad. Según cifras oficiales, podrían eliminarse hasta 200 mil pensiones del millón actualmente vigente.
El referente social destacó que detrás del discurso oficial que sugiere que algunas personas reciben beneficios sin justificación, hay casos concretos de familias que desde diciembre no perciben la pensión de sus hijos, pese a que su situación de salud les impide trabajar. “Hablan de personas que cobraban por tener pie plano, pero nunca dan nombres ni casos reales”, afirmó.
Molero también defendió a Ian Moche, el joven activista autista de 12 años que fue blanco de críticas por parte del presidente y sectores oficialistas, luego de relatar que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) le expresó que las personas con discapacidad no son responsabilidad del Estado. Si bien el funcionario negó esas declaraciones, las palabras de Moche generaron un fuerte repudio en redes sociales.
“La postura de este Gobierno es que los problemas familiares deben ser resueltos por las propias familias. Eso es inadmisible en un país que históricamente ha priorizado a sus sectores más vulnerables”, subrayó Molero. Y concluyó: “Sabemos que ordenar la economía es necesario, pero no a costa de quienes ya vienen sufriendo desde hace años. El esfuerzo debe recaer sobre quienes tienen más posibilidades de aportar”.
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