La decisión del Ejecutivo de no renovar la moratoria previsional trajo aparejada una serie de modificaciones que alteran el acceso a derechos previsionales para personas mayores. Entre las consecuencias más relevantes se encuentra la imposibilidad de cobrar una pensión por viudez para quienes ingresen al sistema a través de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Hasta ahora, muchas personas que no contaban con 30 años de aportes podían jubilarse mediante la moratoria. Sin embargo, con su derogación, la única opción para hombres y mujeres de 65 años o más en esa situación será solicitar la PUAM. Esta prestación no contributiva otorga el 80% del haber mínimo, pero restringe otros beneficios.
Una de las principales limitaciones de la PUAM es que impide percibir la pensión por fallecimiento, incluso si la persona convivía con alguien que estaba jubilado bajo el régimen general. Este cambio afectará a quienes, por razones históricas o laborales, no hayan podido acceder a un empleo formal con aportes registrados, un grupo que incluye especialmente a mujeres mayores.
Además, entre los requisitos para acceder a la PUAM se incluyen: no contar con jubilación ni pensión previa, acreditar residencia en el país y situación de vulnerabilidad socioeconómica. También se establece que la pensión se suspende si el beneficiario se traslada al exterior.
La eliminación de la posibilidad de acumular la PUAM con una pensión por fallecimiento representa un endurecimiento en las condiciones del sistema previsional, lo que genera preocupación entre especialistas en políticas sociales y derechos de las personas mayores. Las modificaciones, impulsadas en el marco de un ajuste del gasto público, afectan directamente a sectores que ya enfrentan dificultades económicas.
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