En un intento de despegar al presidente Javier Milei del escándalo por el lanzamiento del token $LIBRA, dos empresarios del universo cripto, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, presentaron un escrito judicial repleto de afirmaciones insólitas. Lejos de aclarar las dudas que rodean al caso, el documento plantea un relato confuso que reconoce reuniones en la Casa Rosada, pero sostiene que todo fue parte de un “proyecto altruista” que pretendía ayudar a pequeñas y medianas empresas del sector tecnológico a través de donaciones privadas.
Ambos están imputados en la causa por el escandaloso colapso de $LIBRA, una criptomoneda que generó pérdidas estimadas en más de 210 millones de dólares. A pesar de que el propio Milei promocionó el token en sus redes sociales —mensaje que luego eliminó—, los empresarios aseguran que ni él ni el Estado participaron directamente del desarrollo ni del financiamiento. Sin embargo, reconocen que el presidente y su hermana estaban al tanto del proyecto desde el inicio y que participaron de encuentros claves, como el que tuvo lugar el 30 de enero con el estadounidense Hayden Davis, CEO de la empresa Kelsier y desarrollador del token.
La explicación de Novelli y Terrones Godoy apunta a que su rol fue meramente consultivo y estratégico. Según su versión, sólo orientaron a Davis sobre el mercado argentino, sin intervenir en los aspectos técnicos, financieros ni administrativos del proyecto. Sin embargo, en el escrito describen cómo se repartiría el valor del token: un 50% para donaciones a pymes, un 30% destinado a mantener liquidez, y el 20% restante reservado al equipo desarrollador. Ninguno de esos objetivos se cumplió.
Los insólitos argumentos no terminan allí. Ante las denuncias por el vaciamiento de fondos, los empresarios afirman que no saben qué ocurrió con el dinero porque todo estaba bajo el control exclusivo de Davis. Aseguran además que los compradores del token eran “usuarios expertos” del ecosistema cripto y que el tuit de Milei no permitía adquirir la moneda de forma directa, minimizando así su impacto.
La defensa parece surgir como reacción a una medida reciente: el pasado 22 de abril, la jueza María Servini ordenó la inmovilización de los bienes de Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales (exasesor de la CNV), así como de la madre y hermana de Novelli. Tres días después del lanzamiento oficial del token, ambas accedieron a las cajas de seguridad del empresario en un banco de Martínez, presuntamente para retirar valores, acción que ahora está bajo investigación.
El trasfondo del proyecto, bautizado como «Viva la Libertad», remite a un foro tecnológico privado organizado por los empresarios en octubre de 2024. Alegan que el encuentro fue parte de un plan mayor para atraer capital extranjero sin recurrir a deuda pública ni subsidios estatales. Una visión muy alineada con el discurso económico del gobierno, que, sin embargo, nunca se tradujo en beneficios concretos ni en ayuda a las pymes.
En definitiva, la defensa de Novelli y Terrones Godoy se sostiene en una seguidilla de justificaciones difíciles de creer: desde la idea de un plan benéfico frustrado hasta una supuesta ignorancia total sobre el destino del dinero invertido. Todo ello, mientras el token se desmoronaba y unos pocos, con información privilegiada, se enriquecían a costa del resto.
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