La Cámara de Diputados se alista para un nuevo capítulo en la polémica por el contrato del token LIBRA, en medio de un clima legislativo polarizado y con creciente tensión institucional. Tras el revés sufrido por el oficialismo con la frustrada sanción de la ley Ficha Limpia en el Senado, el foco político se traslada a la Cámara baja, donde un bloque transversal opositor intenta reimpulsar la investigación y presionar para que los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) den explicaciones públicas.
Ambos funcionarios fueron convocados para comparecer este miércoles, luego de haber faltado a una citación anterior. Sin embargo, entre los legisladores ya circula la certeza de que tampoco esta vez se presentarán. La oposición interpreta esta posible ausencia como una maniobra para eludir el costo político de quedar expuestos frente a las inconsistencias que rodean el contrato cripto que involucra al presidente Javier Milei. De hecho, el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encendió las alarmas al reconocer que el contrato era de acceso público, sin poder explicar de dónde había obtenido la información. Ese episodio terminó por comprometer aún más la posición del oficialismo.
En este contexto, los diputados enviaron una nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, para confirmar la presencia de los ministros, pero no obtuvieron respuesta. La falta de una contestación formal refuerza la hipótesis de un ausentismo estratégico. Algunos legisladores aseguran que si alguno de los citados llega a asistir, lo hará sólo para cumplir con el trámite, sin dar mayores explicaciones. Sobre Caputo, directamente no se generan expectativas.
Mientras tanto, en el Congreso se analiza el incumplimiento del artículo 71 de la Constitución como una falta grave, que podría incluso derivar en presentaciones judiciales y en eventuales pedidos de juicio político. Desde sectores como Unión por la Patria, destacan que intentarán agotar las vías políticas, pero remarcan que el incumplimiento de deberes de funcionario público es una causal concreta para avanzar por otras vías legales.
La falta de confirmación complica la organización logística de la sesión. Muchos diputados se muestran reticentes a viajar a Buenos Aires sin certezas, y advierten que, si bien no se requiere quórum para este tipo de sesiones según interpretaciones constitucionales previas, la asistencia tiene un fuerte peso simbólico. “No queremos que desde el Ejecutivo digan que faltó interés político”, sostienen voceros de la oposición.
La tensión también se trasladó a la comisión investigadora del caso LIBRA, cuya presidencia aún no ha sido definida. La votación se pospuso para el 21 de mayo, en un intento de descomprimir el clima caldeado tras la caída de la ley Ficha Limpia. Nicolás Massot y Fernando Carbajal, referentes del armado opositor, informaron que cuentan con una mayoría de al menos 140 votos, frente a poco más de 120 del bloque oficialista y sus aliados.
En esa próxima sesión, además de la disputa por la presidencia de la comisión, también se abordarán otros temas conflictivos como la moratoria previsional, el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. La oposición busca consolidar una alianza transversal entre peronistas, radicales disidentes, la izquierda y sectores del centro para avanzar en una agenda que ponga en jaque la gestión libertaria.
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