La situación del deporte nacional en Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos. La reducción presupuestaria, el abandono de instalaciones y el despido masivo de trabajadores reflejan el deterioro de un área clave para la inclusión, la salud y el desarrollo social. Desde la llegada del gobierno actual, se desmantelaron numerosos programas deportivos con enfoque social, destinados a personas con discapacidad y adultos mayores, y el presupuesto asignado al área se achicó drásticamente, con una ejecución lenta e ineficiente.
El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), ubicado en Núñez, es un símbolo del abandono estatal. La cantidad de trabajadores se redujo a la mitad: de los 320 empleados iniciales, hoy quedan apenas 160, muchos de ellos sometidos a condiciones laborales precarias, con sueldos por debajo de la línea de pobreza. Uno de los afectados, Gustavo Catalano, entrenador y periodista, fue despedido tras 28 años de servicio, cobrando un salario que no alcanzaba para cubrir la canasta básica. “El programa Escuelas Deportivas Nacionales llegó a tener 1.600 centros; lo redujeron a 300 con otro nombre, pero ahora directamente no existe más”, denunció.
El predio muestra signos evidentes de deterioro: el natatorio estuvo cerrado por tres meses debido a filtraciones, la pista de atletismo está descuidada, los gimnasios no reciben mantenimiento y otras áreas como la cancha de hockey y el patinódromo quedaron inutilizadas. La pared de escalada para andinismo, de 20 metros de altura, podría ser demolida por una obra vial del gobierno porteño.
La desfinanciación no se detiene allí. Los Juegos Evita, emblema del deporte inclusivo, sufrieron una reducción del 65% en su presupuesto para este año. La incertidumbre se intensifica con el futuro del Centro Recreativo de Ezeiza, de 600 hectáreas, que podría pasar a manos privadas mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
En paralelo, la dirigencia deportiva alineada con el oficialismo se mantiene activa en el CeNARD. El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), bajo la presidencia de Mario Moccia desde abril, enfrenta la difícil tarea de administrar fondos insuficientes. Aunque Moccia afirmó que el presupuesto “no era el ideal”, aceptó continuar su gestión hasta 2029 con el respaldo del Comité Olímpico Argentino (COA) y la Secretaría de Deportes.
Lo preocupante es que esta cúpula dirigencial, encabezada por Daniel Scioli y Diógenes de Urquiza, no ha mostrado objeción alguna ante el recorte del 36% del presupuesto general en 2025, una reducción que se suma a un ajuste anterior del 56% en términos reales respecto al año anterior. Según un informe del laboratorio Táctica, la Secretaría de Deportes ejecutó apenas el 68% del presupuesto prorrogado de 2023 a 2024.
La combinación de desinversión, precarización laboral y abandono edilicio evidencia una política de vaciamiento que afecta profundamente al sistema deportivo argentino. Mientras las autoridades parecen priorizar intereses políticos y privados, miles de deportistas y trabajadores ven truncado su presente y su futuro.
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