Los aumentos en las tarifas de servicios públicos han generado un fuerte impacto en el bolsillo de los jubilados que cobran la mínima. En apenas cinco meses, el gasto en luz, gas y agua pasó a representar más del 13% del haber mensual, un salto significativo si se lo compara con el 6,18% registrado a fines del año pasado.
Así lo advierte un informe realizado por la asociación Deuco, que da cuenta de la carga que significa afrontar estos pagos para quienes están dentro del universo de menores ingresos. Según estimaciones, son cerca de 5 millones las personas jubiladas que reciben el haber mínimo y que, bajo los parámetros fijados por el propio Gobierno, hoy deberían ser consideradas en situación de vulnerabilidad energética.
El Decreto 465/2024 define que cualquier hogar que destine más del 10% de sus ingresos al pago de servicios públicos esenciales cae dentro del umbral de la llamada «pobreza energética». Sin embargo, y a pesar de que los datos indican que los jubilados exceden ese porcentaje, no existen medidas de alivio ni subsidios específicos para este grupo.
Los aumentos tarifarios aplicados desde diciembre de 2023 han sido contundentes. La boleta de electricidad, en casos de consumo mínimo, subió de 1.227 pesos a más de 12.262 pesos, lo que representa un incremento cercano al 900%. El gas pasó de 1.488 a 7.055 pesos, mientras que el servicio de agua y cloacas trepó de 3.816 a 16.732 pesos. En conjunto, las tarifas subieron más de cinco veces su valor original.
Por otro lado, la jubilación mínima tuvo una actualización del 180%, lo que resulta insuficiente frente al encarecimiento de los servicios. Esto implica que, aunque el ingreso nominal haya mejorado, su capacidad real de compra cayó drásticamente. El ingreso que queda tras pagar los servicios ronda los 256.000 pesos, una cifra que ni siquiera permite cubrir la canasta básica individual para un adulto mayor, valuada en más de 295.000 pesos en marzo, según datos del Indec.
Desde Deuco advierten que la situación podría empeorar si el Ejecutivo decide modificar los criterios de cálculo para identificar a los sectores vulnerables, como está previsto en el mismo decreto. Esto implicaría que más personas quedarán excluidas de posibles ayudas, pese a estar en condiciones críticas.
En definitiva, mientras el ajuste fiscal sigue su curso, los jubilados enfrentan una pérdida concreta de calidad de vida. La brecha entre el costo de los servicios y los ingresos previsionales pone en evidencia una urgencia social que todavía espera respuesta.
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