Avanza la causa judicial por el ataque que dejó con heridas graves al fotógrafo Pablo Grillo, quien fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno durante la protesta de jubilados en la Ciudad de Buenos Aires. La jueza federal María Servini solicitó con carácter urgente al Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, el legajo completo del cabo primero Héctor Jesús Guerrero, presunto autor del disparo que impactó en la cabeza del reportero gráfico.
La medida se enmarca en una serie de requerimientos judiciales que buscan esclarecer las responsabilidades en la represión llevada adelante por fuerzas federales ese día. Entre los puntos destacados, Servini también pidió información sobre posibles sanciones administrativas iniciadas contra Guerrero y reclamó su remisión dentro de un plazo perentorio de 48 horas.
Además, la investigación pone el foco sobre otro integrante de la fuerza, identificado por llevar la palabra “Picha” en su casco. Su intervención fue señalada como significativa por la Comisión Provincial por la Memoria, y la Justicia pretende conocer su identidad y rol específico durante el operativo.
El juzgado incorporó también al expediente las imágenes registradas por el fotógrafo Kaloian Santos Cabrera, que permitieron trazar con precisión lo sucedido y fueron clave para identificar al cabo Guerrero. Estas pruebas se suman al esfuerzo por reconstruir minuciosamente los hechos que derivaron en la brutal represión.
Gendarmería Nacional deberá informar quiénes participaron del despliegue, qué armamento se utilizó, quiénes estaban al mando y qué normas regulaban el uso de gases lacrimógenos. También se pidió conocer qué integrantes de la Sección de Empleo Inmediato (SEI) estuvieron presentes y si se aplicó el protocolo correspondiente.
Para complementar la investigación médica, el Juzgado solicitó a los servicios de emergencia del SAME la planilla de atención brindada a Grillo en el lugar de los hechos. Asimismo, se pidió al Hospital Ramos Mejía la historia clínica completa del paciente para su evaluación por parte del Cuerpo Médico Forense.
Estas medidas reflejan la intención de la Justicia de avanzar con celeridad en una causa que genera fuerte preocupación por el uso de la fuerza pública durante manifestaciones sociales.
Autor
