El Gobierno presentó como un avance la desclasificación de documentos de la dictadura, aunque ya se había ordenado en 2010. El anuncio de Manuel Adorni, vocero oficial, generó desconcierto y críticas, especialmente de quienes trabajaron en la búsqueda de documentos relevantes para los juicios por crímenes de lesa humanidad.
El 24 de marzo de 2025, horas antes de que una multitud se congregara en Plaza de Mayo, el vocero oficial Manuel Adorni anunció que el presidente Javier Milei iba a desclasificar toda la documentación de las Fuerzas Armadas relacionada con el período 1976-1983. Este anuncio causó sorpresa, ya que Cristina Fernández de Kirchner había ordenado en 2010 la desclasificación de estos archivos para avanzar con los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, el anunciado «apertura total» de la información rápidamente se redujo a los documentos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), los cuales serían enviados al Archivo General de la Nación (AGN), algo que ya se había discutido previamente sin mucho avance. La exfiscal Cristina Caamaño, quien lideró el proceso de relevamiento de los archivos de la SIDE, reaccionó con indignación. En declaraciones, destacó que su equipo había firmado un convenio con la Casa de la Moneda para digitalizar los documentos, pero el actual gobierno cerró esa institución y no respondió a los oficios judiciales.
En este contexto, las dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno crecen. La versión inicial de una «desclasificación total» terminó enfocándose únicamente en los documentos de la SIDE. De acuerdo con Caamaño, la información contenida en esos archivos ya había sido entregada a los jueces encargados de los casos de crímenes de lesa humanidad. En su gobierno, los documentos más relevantes fueron enviados a la justicia, y algunos de estos incluyen fichas de antecedentes sobre individuos y organizaciones, muchas de las cuales formaban parte de la red de espionaje que operaba bajo el régimen de la dictadura.
A su vez, en el AGN, donde se espera recibir la información, aún no tienen claridad sobre el tipo de documentos que serán enviados ni cuándo sucederá. Según versiones no confirmadas, el anuncio de Adorni podría haber tenido la intención de emular a Donald Trump, quien desclasificó archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy, sin embargo, la realidad parece ser mucho más incierta.
El Gobierno actual, que ha mostrado posturas contrarias a la apertura de archivos, no es claro sobre lo que realmente se busca desclasificar. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y expertos advierten que podría tratarse de una maniobra para desvirtuar la gravedad de los crímenes de la dictadura y poner en duda las investigaciones.
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