El Gobierno de Milei lleva el caso del asesinato de Humberto Viola ante la CIDH, buscando reinstaurar la teoría de los dos demonios
El Gobierno de Javier Milei continúa con su intento de reescribir la historia reciente de Argentina, ahora enfocándose en el caso del asesinato del capitán Humberto Viola y su hija en 1974, ocurrido en manos del PRT-ERP. A través de esta nueva ofensiva, busca presentar el crimen como un delito de lesa humanidad, a pesar de que ya fue juzgado en 1979 durante la dictadura, con condenas obtenidas bajo tortura.
Este paso es parte de una agenda más amplia del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo discurso ha promovido la teoría de los dos demonios, que establece una falsa equivalencia entre los crímenes cometidos por el Estado y aquellos perpetrados por grupos armados. En un contexto donde las políticas de memoria, verdad y justicia han avanzado considerablemente en las últimas décadas, el Gobierno de Milei intenta revitalizar viejas narrativas de justificación de la represión.
El 1° de diciembre de 1974, una célula del PRT interceptó a Humberto Viola en Tucumán, disparando contra él y su hija. En ese momento, el ataque fue considerado una represalia del grupo armado por la ejecución de militantes en Catamarca. En 1979, se dictaron condenas contra los responsables, quienes fueron torturados para obtener sus confesiones. Sin embargo, ahora, el Gobierno ha decidido recurrir nuevamente al caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la intención de lograr que se lo considere un crimen de lesa humanidad, dentro de un contexto que los funcionarios defienden como un «conflicto armado interno».
Este movimiento también incluye la presentación de un proyecto de ley que propone la imprescriptibilidad de este tipo de delitos. La familia Viola, que en 2016 había llevado el caso a la CIDH, reitera que su objetivo no es jurídico, sino político, y acusa al Gobierno de dividir nuevamente a la sociedad. La CIDH aún no ha decidido si admite el caso, y la decisión final podría significar un nuevo capítulo en la lucha por la memoria histórica del país, mientras el Gobierno continúa con su plan de relativizar los crímenes de la dictadura.
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