La controversia en torno a la criptomoneda $LIBRA sigue generando repercusiones, esta vez en el ámbito judicial. Un grupo de denunciantes ha llevado a la Justicia al presidente Javier Milei, acusándolo de haber promovido una «megaestafa» que habría dejado un saldo de más de 40.000 damnificados y pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares.
El expediente, que está a punto de definirse en los tribunales federales, sostiene que Milei y un grupo de empresarios, influencers y funcionarios formaron una «asociación ilícita» para llevar adelante un esquema fraudulento basado en la modalidad conocida como rugpull. Este tipo de operación consiste en inflar artificialmente el valor de un activo digital con el fin de atraer inversores, para luego retirarse abruptamente con los fondos acumulados, dejando sin posibilidad de recuperación a quienes confiaron en el proyecto.
Los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya, junto a María Eva Koutsovitis y el economista Claudio Lozano, encabezan la denuncia. Argumentan que la participación del presidente en la promoción de $LIBRA en redes sociales fue clave para el éxito del engaño.
Entre las medidas solicitadas a la Justicia, los denunciantes plantearon allanamientos en la residencia de Olivos y la Casa Rosada para incautar dispositivos electrónicos que puedan contener información relevante. Además, pidieron la intervención de la plataforma X (ex Twitter) con el fin de preservar registros de publicaciones eliminadas, así como el rastreo de transacciones relacionadas con el token para identificar a los beneficiarios del esquema.
La denuncia no solo apunta a Milei, sino también a otros involucrados en la promoción y desarrollo de la criptomoneda. Figuran en la lista Julian Peh, CEO de Kip Network Inc; el influencer Daniel Parisini, conocido en redes como Gordo Dan; el escritor Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el empresario Hayden Mark Davis.
Los denunciantes también piden que se investigue al presidente por «estafa y otras defraudaciones», «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «violación de la Ley de Ética Pública».
Mientras la Cámara Federal se prepara para definir qué juzgado tomará el caso, la situación sigue escalando y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos financieros y políticos de los últimos tiempos.
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