Javier Milei enfrenta una avalancha de denuncias judiciales tras su implicación en la estafa de la criptomoneda $Libra. Más de cien presentaciones penales fueron radicadas en su contra durante el fin de semana, impulsadas por damnificados y referentes opositores. La primera de ellas fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuán y quedó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien podría asumir la tramitación del resto.
El mandatario promovió la memecoin en sus redes sociales apenas minutos después de su lanzamiento y mantuvo su mensaje anclado durante horas, incluso cuando ya era evidente que se trataba de un fraude. Para los denunciantes, este comportamiento demuestra que su intervención no fue accidental ni motivada por el entusiasmo, sino que estuvo alineada con intereses cercanos a su espacio político.
Las acusaciones incluyen defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la Ética Pública y asociación ilícita. Además, algunas denuncias agregan cohecho, citando la declaración del empresario Charles Hoskinson, quien afirmó que allegados al presidente le solicitaron sobornos tras el colapso de la criptomoneda.
Milei ya cuenta con antecedentes en situaciones similares. En 2021, cuando era diputado, promovió CoinX World, una plataforma de inversiones que dejó a sus usuarios en la quiebra. Posteriormente, reconoció haber recibido pagos por su recomendación. También hizo publicidad de Qpons, otra empresa acusada de fraude.
Las denuncias presentadas serán sorteadas en los tribunales federales para definir qué juzgados las investigarán. Sin embargo, una ya se encuentra en el juzgado de Casanello, lo que podría consolidar la causa en una única investigación.
Demandas civiles y acciones legales
En paralelo a las denuncias penales, Juan Grabois liderará una demanda civil colectiva en busca de resarcimientos económicos para los afectados. La presentación se realizará en Argentina y Estados Unidos, donde, según Grabois, las influencias políticas de Milei no podrán interferir en el proceso judicial.
Desde el mismo sector político, el diputado Itai Hagman impulsará una denuncia penal específica por negociaciones incompatibles con la función pública. Según su planteo, Milei utilizó su investidura para favorecer intereses privados, lo que configura un delito.
El abogado Gregorio Dalbón, conocido por representar a la ex presidenta Cristina Kirchner, también presentó una denuncia en la que detalla cómo Milei promovió $Libra con conocimiento pleno de su naturaleza fraudulenta. En su escrito, enfatizó que el presidente compartió un enlace directo al sitio web del proyecto y su contrato inteligente, lo que indicaría que no actuó por error.
Además, se reveló que los desarrolladores de la criptomoneda mantuvieron reuniones con el presidente y su entorno, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo directo. Entre los mencionados en la denuncia se encuentran figuras de La Libertad Avanza, como Agustín Laje, Martín Menem y el influencer conocido como «Gordo Dan», quienes también promovieron la inversión en redes sociales.
El escándalo ha llegado incluso a sectores de la UCR. Agustín Rombolá, dirigente radical, denunció penalmente a Milei por estafa y manipulación de precios, argumentando que su respaldo fue clave para inflar artificialmente el valor de la criptomoneda antes de su colapso.
Las investigaciones continúan y el impacto político del caso aún es incierto. Sin embargo, la magnitud de las denuncias y el involucramiento de múltiples actores sugieren que este escándalo podría tener consecuencias significativas para el gobierno de Milei.
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