La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de 36 horas para el próximo 29 de octubre, en reclamo de la urgente reapertura de las paritarias y un aumento salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo. Además, los trabajadores estatales realizarán una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado en el marco de su protesta.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, manifestó que la situación actual de los trabajadores del sector público es insostenible, y señaló directamente al Gobierno de Javier Milei como responsable de la crisis. «Ya no soportamos más este Gobierno. Los salarios son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Debemos detener a Milei antes de que elimine el derecho constitucional a una remuneración justa», subrayó el líder sindical.
En un Plenario Federal que contó con más de mil delegados de todo el país, ATE decidió de manera unánime avanzar con el paro y la movilización. La protesta no solo se centrará en la cuestión salarial, sino también en el cese de despidos en el sector público, el rechazo a la reforma del Estado y posibles bloqueos de rutas a lo largo del país.
Aguiar también criticó duramente al Gobierno por su falta de respuesta ante las demandas del gremio y advirtió sobre el papel de Federico Sturzenegger, a quien acusó de actuar desde las sombras con políticas que afectan negativamente a los trabajadores. Asimismo, expresó su preocupación por la posible implementación de medidas represivas por parte del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, durante las jornadas de protesta. «Esperamos que no tengamos que enfrentar represión ni procedimientos ilegales. La paz social debe ser garantizada por políticas adecuadas, no por la Policía o la Justicia», afirmó.
El panorama para los empleados estatales sigue siendo sombrío, con una pérdida del poder adquisitivo que ya supera el 34% en lo que va del año. ATE rechazó recientemente una oferta salarial que consistía en un aumento del 2% para septiembre y 1% para octubre, mientras que la UPCN aceptó esa propuesta. Con esta medida, ATE busca ejercer presión para que el Gobierno implemente una política salarial más justa y equitativa para los trabajadores del sector público.
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