En medio de un clima de creciente tensión, las universidades argentinas continúan con medidas de fuerza como tomas, asambleas y clases públicas en reclamo de mayor presupuesto y en defensa de la autonomía educativa. La disputa se intensificó tras la decisión del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, de reactivar las auditorías de la SIGEN en las universidades, lo que fue interpretado como un ataque directo a la independencia de las instituciones.
En casi 50 universidades de todo el país se han organizado vigilias y cortes de calles, mientras que el conflicto también ha llegado a los colegios preuniversitarios. Las tomas en el Colegio Nacional Buenos Aires y el Pellegrini han puesto de manifiesto el descontento generalizado de los estudiantes, que sienten que su educación está en peligro. «Nuestra generación quisiera discutir el futuro de la educación, pero tenemos que salir a defenderla de los ataques actuales», comentó la presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini, Violeta Presta.
A los ataques verbales del presidente Milei, se han sumado declaraciones de otros dirigentes políticos, como José Luis Espert, quien acusó a los manifestantes de ser «genocidas de la educación». Frente a estas acusaciones, las bases estudiantiles siguen movilizadas y, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se ha decidido realizar una toma de 72 horas, una medida inédita en muchos años.
Las movilizaciones incluyen una Marcha de Antorchas en respuesta a los recientes hechos de violencia en la Universidad de Quilmes, donde un grupo de simpatizantes libertarios agredió a estudiantes. Esta marcha se realizará en la tarde del miércoles, uniendo Plaza Houssay con el Palacio Pizzurno, para pedir un diálogo pacífico y rechazar cualquier tipo de agresión.
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